El oficialismo mendocino ha avanzado en dos frentes que, si bien parecen distantes, podrían estar muy relacionados y pondrían en riesgo tanto el agro como el consumo humano.
El pasado martes, la Cámara de Senadores aprobó la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), promovido por el presidente Javier Milei, despertando fuertes críticas de movimientos ambientalistas y otros sectores. Este régimen es un paquete de beneficios impositivos y de otro tipo que tiene por objetivo incentivar las grandes inversiones tanto nacionales como extranjeras, promover el desarrollo económico, fortalecer la competitividad e incrementar exportaciones, entre otros aprobados en la ley de Bases.
Sin embargo, esto que parece tan auspicioso genera mucha controversia y resistencia de múltiples actores. De hecho, por esta razón, hasta el momento sólo una minoría de las provincias se ha adherido siendo Mendoza la tercera y no sin oposición.
Es que, dentro del proyecto aprobado esta semana, en lo que corresponde al artículo 165 de la ley de Bases (donde está incluido el RIGI), dice: “Sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación como las provincias, por sí y por sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.
Según los movimientos ambientales esto sería una forma “prolija” de anular la ley provincial 7722, la misma que movilizó a buena parte de la provincia a fines de 2019 haciendo retroceder al gobierno radical de Rodolfo Suárez, que intentaba derogar varios de sus artículos.
Esta ley mendocina prohíbe “el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”. Es decir, sería una limitación a las empresas mineras y, por ende, de ahora en más puede ser anulada por el RIGI y en una tierra con emergencia hídrica crónica permitir a grandes capitales usar inmensos volúmenes de agua mezclada con químicos peligrosos.
El tema del agua no es menor dado que, en paralelo a esta reciente adhesión, el gobernador Alfredo Cornejo está impulsando el Código de Aguas, que sería la ley que actualice y aglutine a las normas relacionadas a este recurso vital. Este tema también genera fuertes dudas y temores en los distintos actores y principalmente entre los productores agrícolas de las últimas zonas de riego del río Mendoza (Lavalle y noroeste de San Martín).
Rechazo de legisladores y de productores
La adhesión al RIGI fue aprobada por veinticuatro votos a favor (todo Cambia Mendoza, Pro y parte de La Unión Mendocina) contra catorce negativos (todo el PJ, Partido Verde y el resto de LAUM).
Uno de los que alzó su voz contra la corriente cornejista fue Dugar Chappel (Partido Verde). Este senador rechazó la propuesta justamente por su capacidad para anular normas locales como la 7.722 y dejaría en una posición temblorosa “a los mendocinos al anular leyes de proyección ambiental”.
Por otro lado, explicó: “No creo que podamos aceptar una exención de impuesto para grandes inversores y por otra parte le aplicamos todos los días un nuevo impuesto al millón de mendocinos que invierten su dinero en la provincia… Le queremos dar seguridad jurídica a los inversores extranjeros y no le damos seguridad jurídica a los usuarios del transporte público, que en seis meses le aumentaron el 600 por ciento el valor de la tarifa y en Lavalle se ve palmario esa situación”, dijo el legislador.
Es que dicho departamento tiene su villa cabecera a unos 35 kilómetros de la capital mendocina y es una localidad rural con amplia dispersión territorial. Allí el servicio de transporte público no sólo cuesta 1.550 para conectar con la ciudad, sino que ha recibido fuerte críticas por su ineficiencia.
Chapel mencionó que a esto se suman los incrementos en el gas, por ejemplo, y cómo ahí se les cobra a los mendocinos un impuesto para financiar el supuesto subsidio que reciben de ese mismo servicio. Se refiere al fondo fiduciario artículo 75 ley 25.565, modificado por ley 27.637, que establece un 7,5 por ciento sobre el precio del gas natural.
“La modificación de la ley dice que esos montos provenientes del recargo serán transferidos al fondo fiduciario para el subsidio. Es una mentira, porque al final lo estás pagando vos al subsidio que te dan… Te lo están sacando a vos, nos están engañando. Entonces me estás diciendo que les demos seguridad y estabilidad a los inversores extranjeros y no se la damos a los mendocinos… Es una inmoralidad por la cual yo no podía votar a favor del RIGI”, dijo el legislador.
¿Un código sin códigos?
Con respecto al Código de Aguas, el miembro del Partido Verde aclaró que no lo ha podido estudiar en profundidad porque es sumamente extenso y complejo, pero que sí está al tanto de la opinión de especialistas en el tema como el abogado experto en agua, Miguel Mathus Escorihuela.
En base a esto opinó: “Esto es una manera distinta y solapada de llevar el agua a los grandes inversores y sacársela a los pequeños regantes… Por lo que yo he visto en los dictámenes, este código de aguas le va a quitar el agua a los pequeños. Parece que quieren hacerlos desaparecer o que sean vendidos para que el agua vaya a sectores concentrados. Tanto Lavalle como el oeste de San Martín son los que más han sufrido la crisis hídrica, son súper castigados, ya no les está llegando el agua y van a seguir siendo castigados. Seguimos pegados a la posición que tienen los sectores dominantes”.
Carlos Groselj es referente de la Cámara de Productores Agrícolas de Lavalle, entidad que nuclea a más de ciento veinte cultivadores y que recientemente ha estado debatiendo el Código de Aguas. “Nos preocupa que se está tratando la modificación a través de este Código de Aguas propuesto por el departamento General de Irrigación, que son leyes centenarias… Tenemos la sensación de que lo están llevando a cabo con mucha velocidad, con muchos cambios que no se comprenden en profundidad y el temor de que esto nos afecte en nuestro derecho al agua que tenemos hace muchos años y que debemos proteger porque vivimos de esom, es un tratamiento demasiado acelerado”, dijo Groselj.
Además, comentó que por años los productores han luchado para tener los derechos definitivos sobre el agua, porque hay muchos que sólo tienen “derechos eventuales” desde hace cuarenta o cincuenta años y ante la falta de respuesta de Irrigación “hay temor en los productores de que sean vulnerados con los cambios en el Código de Aguas”.
Es que el código cornejista, que aparentemente desde el gobierno quieren que se apruebe antes de fin de año, deja una puerta entreabierta a priorizar la minería antes que el agro en el uso del agua. En una entrevista concedida al diario Los Andes, el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, afirma que estos temores son “una pavada y total mentira” y añade: “Se agarran de un artículo (8 de Aguas Subterráneas) que otorga prioridades en el uso del agua, en el cual la minería está en uno de los últimos lugares, y que el gobernador puede solicitar la alteración de ese orden; pero lo que no quieren saber es que el artículo 15 dice que primero tendrá que satisfacerse la demanda de los derechos existentes. Una vez eso, hay que satisfacer los permisos precarios; y además, esa solicitud tiene que ser aceptada por el superintendente y mandarlo a la Legislatura. Siempre tendrá prioridad el consumo humano y el agro sobre la minería”
Sergio Marinelli.
Finalmente, lo que este funcionario no dice es que en el contexto actual donde Cornejo tiene mayoría en ambas cámaras (entre propios y aliados) no es una garantía el paso por la Legislatura. Con respecto a la incorporación al RIGI, Groslej comenta que su temor al modificar la ley 7722 “principalmente la posibilidad de contaminación, eso nos preocupa mucho tanto para uso humano como para riego”.
