Los funcionarios operaban en complicidad con otras tres personas. El contrabando se hacía a Bolivia. La fiscalía sostuvo que los ahora acusados obtuvieron “enormes ganancias”.
El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, declaró la legalidad de la detención de nueve gendarmes e hizo lugar a la imputación por haber cobrado dinero a cambio de facilitar el contrabando de granos.
La acusación, requerida por el fiscal general Eduardo Villalba y la audiliar fiscal Roxana Gual, alcanza además a otros dos gendarmes que no fueron detenidos.
Los involucrados en el caso son los gendarmes José Ramón Miranda, Fabián Jorge Amarilla, Edgar Juliano Maciel, Néstor Emanuel Di Ángelo, Ramón Eduardo Acosta, Alejandro Abel Lezcano, Simón Sebastián Soto, Carlos Nahuel Gélvez, Melina Leiva, Juan Adrián Sandoval y Lucas Darío Acuña, quienes cumplían funciones en los escuadrones 54 de Aguaray y 61 de Salvador Mazza, en el extremo norte de la provincia de Salta. A todos ellos se les imputó en calidad de autores del delito de “cohecho pasivo” y partícipes necesarios en la “tentativa de contrabando de exportación”.
En la investigación que se inició entonces la fiscalía empezó acusando a los civiles Cristián Tomasini, Carlos Bonduri y Emmanuel Gutiérrez, en su caso por “contrabando de mercadería en concurso real con cohecho activo”, dado que había establecido que articulaban con gendarmes de los puestos de control fronterizos el paso ilegal de granos al Estado Plurinacional de Bolivia.
Más tarde la fiscalía estableció el vínculo entre los gendarmes ahora imputados y los tres civiles, que pagaban “coimas” a cambio de liberar el paso hacia la frontera de camiones cargados con granos, lo que se hacía en distintas franjas horarias en los puestos fijos de Aguaray, Arenales y Senda Hachada, entre otros.
La fiscalía sostuvo que este caso tiene un antecedente: una condena dictada en septiember de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 de Salta contra el ex comandante principal y jefe del Escuadro 54 “Aguaray”, Marciano Alberto Páez, quien fue declarado culpable de “cohecho pasivo” y partícipe primario de “contrabando de exportación, agravado por el número de intervinientes y su condición de miembro de una fuerza de seguridad” y recibió una pena de 5 años y 6 meses de prisión.
Además, fueron condenados por el mismo delito el sargento Rodolfo Ayala y el alférez Diego Ernesto Radaelli, en su caso a 4 años de prisión. Y fue condenado el civil Alberto Martín Crossa, dueño de una finca en Campo Durán, que se usaba para que los camiones con granos pasaran a Bolivia.
Si bien la fiscalía sostuvo que la modalidad delictiva es similar en ambos casos, aclaró que hasta ahora no han surgido datos que indiquen que se hayan ejecutado de manera organizada.
La fiscalía resaltó la cantidad de gendarmes involucrados y descartó que las grandes cantidades de granos que se trasladaban por las rutas del norte provincial tuvieran un destino de consumo en esa región. “No hay otro destino que el contrabando a Bolivia, a cambio de lo cual los acusados obtuvieron enormes ganancias”, sostuvieron los representantes del MPF. Los acusados no “tenían otra actividad más que pararse en la ruta y exigir el pago de coimas”, añadieron.
La fiscalía pidió la prisión de los gendarmes acusados, salvo Sandoval y Acuña. Mientras que en el caso de Leiva, la única mujer involuctrada en el caso y que está cursando un embarazo, cumplirá arresto domiciliario, mientras que el resto permanecerá en una unidad carcelaria federal.
Además, el juez autorizó peritajes solicitados por la fiscalía y levantó el secreto fiscal, bancario y financiero de los acusados.
