En el mes de febrero de 2024, el presidente Javier Milei le concedió al Grupo Clarín un contrato por 9.600 millones, sin licitación alguna, para la impresión de libros escolares que aún no fueron entregados.
Según se desprende de su denuncia, radicada ante el titular del juzgado federal Nro. 8 de Marcelo Martínez Di Giorgi, Milei y Petovello habrían encontrado un vacío legal para beneficiar al poderoso grupo mediático. Los papeles, según sostiene la denuncia, “están llenos de irregularidades, como si fuera el estado una empresa privada, se ha mentalizado con sus proyecciones del DNU y la ley Ómnibus, le paga a quién se le antoja, cómo se le antoja y ahora, como canceló las pautas, con el Grupo Clarín SA han pergeñado una manera de esquivar ese escollo que promulgo el presidente inventando la compra de cuadernitos”
En su denuncia, Mussa, advierte: “La ministra Sandra Pettovello está desde hace varias semanas en el centro de la polémica. La última fue por haber cortado el envío de alimentos a comedores. Sin embargo, en las últimas horas cerró un millonario acuerdo para la compra de manuales escolares al Grupo Clarín. El supuesto argumento para entregarle los 9.600 millones de pesos a Clarín fue la ‘exclusividad’: el grupo multimedios es el único capaz de proveer esos títulos que corresponden a su catálogo. El gobierno pudo haber elegido otros manuales escolares, pero priorizó a Clarín”.
Posteriormente, Mussa se presentó para ampliar su denuncia asegurando que dicho acuerdo económico constituye una estafa a los bienes del estado y puso la lupa sobre el tamaño de los expedientes de licitaciones que, según describe, en el gobierno de Milei son apenas de cuatro hojas cuando en realidad deberían ser más amplios, dado que en ellos deben detallarse punto por punto las características de los productos a comprar.
En la ampliación de su denuncia también aseguró que el periodista Luis Majul habría recibido unos 200 millones de pesos a través de la secretaria de Medios, manejada por Eduardo Serenelli. Ambos llegaron a ser compañeros de trabajo en La Nación +, por lo que su denuncia quedó caratulada como una violación a la ley 25.188, de malversación de caudales públicos, lavado de dinero, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias, entre otros.