Tras perder en la interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional, el gobernador ordenó que la infantería jujeña rodeara a los integrantes de pueblos indígenas que sostienen un piquete en protesta contra la reforma constitucional. Los policías llegaron sin orden de allanamiento y “rompieron todo”, denunciaron las comunidades.
De todos los derrotados del domingo, el que menos tardó en dejar brotar su fastidio fue Gerardo Morales: el mismo lunes por la mañana ordenó a la policía de Jujuy abroquelarse en las rutas de la provincia que gobierna para impedir que las distintas comunidades indígenas volvieran a cortarlas, tal como estas sugirieron que podrían hacerlo tras levantar las barricadas el jueves previo a las PASO.
Hasta entonces, el gobernador jujeño prefería esperar a que lo hiciera el Ministerio de Seguridad de la Nación por medio de sus propias fuerzas represivas, señalando que los cortes suponen un delito federal y por ende la responsabilidad le compete al Gobierno nacional. Sin embargo, el domingo a última hora cambió bruscamente de parecer y dio la indicación a su propia Infantería de hacerse presente en las inmediaciones del acceso a Purmamarca, donde desde el 17 de junio está la confluencia más importante de pueblos indígenas protestando contra la reforma constitucional por la que no fueron consultados, a pesar de que distintas leyes nacionales exigen su opinión en circunstancias donde se discuta el uso de las tierras que ellos ocupan.
Así las cosas, doscientos efectivos se desplegaron a las 7 de la mañana en la intersección de las rutas 9 y 52, sobre la rotonda de ingreso al pueblo turístico que ya no es solo conocido por el Cerro de los Siete Colores, sino ahora también por una resistencia indígena que se extendió a otros puntos carreteros de Jujuy y, más cerca en el tiempo, a una procesión a pie hasta la ciudad de Buenos Aires, donde todavía permanecen acampando en Plaza Lavalle, frente a al Tribunales, a la espera de ser atendidos por los miembros de la Corte Suprema.
