En el país hubo 94 femicidios y transfemicidios entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2021 según datos de la organización Mumalá (Mujeres de la Matria latinoamericana). En el mismo plazo intentaron asesinar a 140 mujeres. Las estadísticas sostienen la fuerza de la marcha que se viene haciendo cada 3 de junio en el país bajo la consigna “Ni Una Menos”.
“En el marco de la semana del 3J exigimos al Gobierno nacional la declaración de la Emergencia Ni Una Menos, con el objetivo de reasignar y priorizar recursos humanos y económicos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ+”, difundieron desde Mumalá.
Según clasificó la organización, este año hubo 94 femicidios, transtravesticidios y crímenes vinculados, entre los que se incluyen, por ejemplo, los asesinatos de hijos e hijas de las víctimas.
Si se cuentan las muertes violentas de mujeres, travestis y trans que por alguna causa no pueden calificarse estrictamente como femicidios, la cantidad de víctimas llega a 143.
En los primeros cinco meses del año, 95 niños, niñas y adolescentes quedaron sin su madre a raíz de los asesinatos por violencia de género. Como en 2020, este año se registra un promedio cercano a un femicidio cada día.
El 25 por ciento de las mujeres asesinadas había denunciado a su agresor e incluso el 2 por ciento tenía un botón antipánico. Además, en el 16 por ciento de los casos había una orden judicial que le prohibía al agresor acercarse a la víctima.
El 89 por ciento de los femicidas eran conocidos de las víctimas y el 63 por ciento eran parejas y exparejas. El 71 por ciento de los asesinatos se ejecutaron en la casa donde las mujeres vivían con sus agresores o con otros familiares.
“La sociedad reclama una reforma judicial feminista para que los femicidios no queden impunes y para que no haya sentencias sin perspectivas de género”, dijo Natalia Buira, defensora oficial civil número 4, quien participó ayer en Salta de la marcha Ni Una Menos.
La magistrada del Ministerio Público de la Defensa señaló que es fundamental sacar por medio de juicios políticos a los jueces que tienen denuncias por violencia de género y que no se puede tolerar que sigan impartiendo justicia.
“Yo misma fui víctima de violencia de género por parte del juez de Personas y Familia, Víctor Soria”, aseguró Natalia Buira, quien en 2018 denunció al funcionario judicial por agresiones verbales.
