Salta – Organizaciones de DDHH repudian al juez Barrionuevo y criticaron duramente al Colegio de Magistrados

Organizaciones de derechos humanos manifestaron su “estupor” por declaraciones del juez del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo, quien salió públicamente a defender a Ramón Alberto Haddad (el juez de Metán que citó a declarar a un niño de apenas nueve años) y en ese contexto cuestionó al Ministerio Público Fiscal.
La Asociación Lucrecia Barquet, la Asociación Coca Gallardo, la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, HIJOS Salta, la Fuerza de las Mujeres y la Mesa de Derechos Humanos, entre otras entidades, emitieron un comunicado a raíz de expresiones de Barrionuevo, publicadas el 30 de abril en El Tribuno.
“Al apoyar taxativamente a uno de sus pares, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial están convalidando el inaudito procedimiento del juez Ramón Alberto Haddad… quien ignorando los derechos de los menores mandó a notificar con la Policía y llamó a declarar en su despacho en diversas oportunidades a niños”, advirtieron las organizaciones. Remarcaron que la conducta de Haddad “viola la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Barrionuevo había dicho que al Colegio de Magistrados, institución que preside, “le molesta que funcionarios hagan críticas genéricas sobre el servicio de Justicia poniendo en duda la honestidad y diligencia de todo un equipo judicial cuando, desde la responsabilidad institucional que tienen, cuentan con las herramientas para iniciar las acciones legales que correspondan” y agregó: “Me refiero exactamente a los dichos del procurador Abel Cornejo”.
Las entidades de derechos humanos respondieron que las palabras de Barrionuevo “ponen en duda la solidez institucional y la transparencia en la administración de Justicia al expresar reproches y cuestionamientos a uno de los poderes del Estado, como es el caso de la Procuración General de la Provincia. Con esta conducta el Dr. Barrionuevo está obstaculizando e intimidando el desempeño del Ministerio Público, cuyo deber consiste en investigar eventuales irregularidades de ciudadanos y ciudadanas”.
Barrionuevo había señalado también: “En el caso particular de Haddad, Cornejo lo criticó y creo que hay un deber de mesura de todo funcionario público de no opinar sobre un trámite que no conoce integralmente”.
Las organizaciones manifestaron además en su comunicado que “es inadmisible que el Colegio de Magistrados y la Asociación de Jueces del Poder Judicial pretendan silenciar a la prensa y más aún con un comunicado que ‘eleva un mensaje al Sr. Procurador’, expresión que se entiende, inequívocamente, como una coacción para inducir un avasallamiento sobre las garantías constitucionales de las que todos los ciudadanos y ciudadanas gozan”.
Remarcaron que “repudian” las declaraciones de Barrionuevo y le solicitan que “se rectifique públicamente”. “Su mensaje es agraviante para quienes tenemos derecho a una administración de Justicia con todas las garantías constitucionales. Es además una afrenta para la persona que ejerce hoy la responsabilidad de conducir la Procuración General de la Provincia”. Las organizaciones también reclamaron que se investigue el desempeño del juez Haddad, “garantizando así el principio inexcusable de que todos somos iguales ante la ley”.
Firmaron también el comunicado la Junta Promotora APDH Salta, la Fundación Volviendo a Casa, la Fundación Gema, el Espacio Género y Diversidad de ATE Salta, las Abogadas del Instituto Jurídico de Género, la Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades de la CTA, la Secretaría de Género de Apsades y la Asamblea Permanente.
Haddad ordenó que policías uniformados realizaran un procedimiento de identificación de un niño de 9 años en su casa porque un vecino lo acusó de rayar un auto. El magistrado también lo citó a prestar declaración a su despacho. Luego de que se conoció el caso, una madre denunció que su hijo de solo ocho años había sido citado insistentemente en 2018 por el mismo juez porque presenció una pelea a la salida de la escuela. El procedimiento judicial y policial, en este último caso, derivó en que el niño terminara con ataques de pánico y un prolongado tratamiento psicológico.

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