El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, pidió ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de la ciudad de Tartagal, la captura y detención del exintendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, imputado por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El fiscal Cazón pidió la captura y detención del exfuncionario, y tiene previsto ampliar la imputación contra Prado, en base a nuevos hechos documentados a través de información recibida este viernes, que entregó el funcionario de la intervención municipal, Diego Argañaraz. El funcionario del equipo del comisionado interventor Adrián Zigarán, aportó documentación que precisa que Prado no informó el destino de los primeros $24.000.000 (veinticuatro millones de pesos), que habría recibido entre el 11 y 31 de diciembre de 2019, durante el primer tramo de su gestión.
Entre otros ítems, Argañaraz también adjuntó documentación referida a las partidas COVID-19 recibidas por el exintendente Prado, desde mayo pasado, por un total de $9.564.216,79 (nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil doscientos dieciséis pesos con setenta y nueve centavos).
La documentación adjuntada precisa otros montos repartidos en las partidas trimestrales recibidas durante este año.
En ese sentido, el pedido del fiscal al juez interviniente, precisa que el exfuncionario deberá clarificar el destino de por lo menos $388.253.301,04 (trescientos ochenta y ocho millones doscientos cincuenta y tres mil trescientos un pesos con cuatro centavos).
Cazón recordó que la audiencia de imputación celebrada el miércoles 4, se realizó en forma remota debido a que Prado informó que se encontraba en la capital provincial, pero a la vez, constituyó domicilio en Aguaray, aunque no precisó dirección alguna en ninguno de esos municipios. En consecuencia, consideró “sumamente necesario asegurar el debido proceso judicial, ya que existe el peligro de entorpecimiento y de fuga, atento a las complejidades de la causa y siendo público y notorio que también se lo investiga en el Juzgado Federal de Orán, por la causa de los caños del Gasoducto del NEA”, cuya investigación inició el mismo fiscal Cazón, hasta que declinó su competencia.
