El 29 de julio de 2019 el hoy presidente de argentina Alberto Fernández, sostenía que era necesario recomponer los salarios como vehículo apropiado para reactivar la economía.
En esa oportunidad siendo pre-candidato a la presidencia Alberto Fernández se comprometía a elevar en un 20% las jubilaciones, además denunciaba que Mauricio Macri “apagó el consumo y mató la economía”, señalando además que al existir “tasas exorbitantes que impiden el desarrollo argentino”.
Alberto Fernández aseguraba que el mismo 10 de diciembre aumentaría las jubilaciones, como repuesta al deterioro que este segmento de la sociedad había experimentado bajo el régimen de la “revolución de la alegría” “este es el modo de volver a poner activa a la economía argentina” argumentaba Fernández.
En la práctica vamos descubriendo que este gobierno miente en materia salarial en lo concerniente a nuestras/os abuelas/os, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gobierno se quedará con 34.000.000 millones de pesos entre enero y agosto de 2020 gracias a la suspensión de la Ley de Movilidad. El análisis no incluye montos futuros otorgados por decretos a través de bonos u otras figuras, es decir estos 34.000.000 de pesos significan un (0,11% del PBI, esto se deduce del recorte en los aumentos de haberes. Comparando con lo que correspondería por la ya confiscatoria Ley de Reforma Previsional votada en 2017, en vez de un aumento generalizado de 23,71 % acumulado entre enero y junio (11,56 % en marzo y 10,89 % en junio) el aumento fue mucho menor. Para los jubilados de menores ingresos fue de un 19,87 % (de un 2,3 % en marzo más una suma de $ 1.500 y 6,12 % en junio), y de alrededor de un 10 % para los de haberes de mayores ingresos.
En el caso del aumento de marzo de 2,3 % con la suma fija de $1.500, el IARAF marca que no hubo diferencia con respecto a lo que correspondería por la Ley de movilidad para aquellos que percibieron $16.200. Para los que estaban por debajo de ese monto el cambio los benefició, pero para todos los que cobraban por encima (unas 2 millones de jubilaciones y pensiones) fueron perjudicadas.
Para junio, en cambio, el aumento es de 6,12 % generalizado, “el porcentaje de actualización es menor para todos los jubilados sin importar el monto percibido de haberes”, lo cual implica “solo el 56 % del aumento automático que correspondería con la Ley de Movilidad”, detallaron en el informe.
De esta manera, “desde el punto de vista fiscal, el Gobierno reduce el gasto en prestaciones sociales, pero también genera una pérdida relativa de poder de compra para los jubilados y pensionados bajo lo que correspondía por Ley”, concluyeron desde el IARAF.
El gobierno nacional encarna una versión Sui Generis del legendario personaje Robín Hood, es decir el gobierno les roba a los más vulnerables para beneficiar a los poderosos. Esto se puede deducir a partir de un informe del Ministerio de Economía, el gobierno destinará en contexto de pandemia desde abril a junio 1.7 billones de pesos que representan el 5,6% del (PBI).
El dinero que el gobierno nacional aportara para llevar adelante el plan fiscal de emergencia entre Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción más los Bonos Excepcionales, solo para el mes de abril será de 350 millones y si se suma mayo y junio el total sería de 1,5 billones de pesos que representaría 3,5% del (PBI).
Adolecemos de cifras oficiales, no obstante podemos calcular que de 7.8 millones de personas son las que cumplieron con los requisitos son las que cumplieron con los requisitos para la primera etapa solo se presentaron a cobrar 6 millones de ciudadanos, ahora bien el gobierno está planteando otorgar una segunda entrega de este beneficio, hipotéticamente si las dos remesas serian cobradas por las 7.8 millones de argentinas/os el monto total sería 156.000 millones de pesos.
Con respecto a la (ATP) EL Estado aporto en abril para auxiliar a 1.3 millones de trabajadoras/es, cifra que crecerá según el Ministerio de la Producción y la Anses en 3.0 millones de personas.
El cálculo que hace la Anses para efectivizar esta ayuda toma el 50% neto del salario correspondiente al mes de febrero 2020, no pudiendo ser menor del mínimo es decir 16.875 pesos ni superar los 33.750, por tanto el gobierno desembolsara por los meses de abril, mayo y junio 261.300 millones de pesos cifra que significa un ahorro para las empresas.
Las (ATP) hay que mirarlas como un subsidio que otorga el Estado a las patronales anti-estado, el gobierno acudió a esta herramienta para frenar despidos, suspensiones, recortes de salarios por parte de las empresas nacionales y multinacionales, que presionan al gobierno bajo la premisa “única forma de garantizar la fuente de trabajo”.
No podemos perder de vista la esencia del capitalismo, “En tiempo de ganancias el espíritu de las empresas es privatista en épocas de perdidas estas se socializan”, echando mano a ese Estado que aborrecen además utilizan fondos de la Anses.
Ahora bien, el gobierno no ha publicado cuánto se destinará para cada programa. Sin embargo podemos hacer algunas estimaciones:
En cuanto a IFE, alrededor de 7,8 millones de personas fueron aceptadas para recibir el beneficio en la primera tanda, aunque hasta ahora sólo se cobraron 6 millones de ingresos familiares. Desde el gobierno prometen una segunda tanda de $ 10.000. Suponiendo el mejor de los casos, de que cobren todos (los 7,8 millones) y las dos tandas de asignaciones, el gobierno destinaría $ 156.000 millones.
Sin embargo, en cuanto a la segunda tanda, desde Anses dejaron en claro a BAE Negocios que “no es un segundo bono del IFE, es un refuerzo del primero que fue único”, con lo cual la ayuda económica podría ser mucho menor. Mientras, más de 4 millones de pedidos de IFE fueron rechazados y los $ 78.000 millones (ya oficializados) de la primera tanda no se terminaron de cobrar.
Las ATP implican subsidios desde el estado a las patronales para pagar salarios, una herramienta que improvisó el gobierno ante el aumento de despidos, suspensiones y recortes salariales de las distintas empresas, una concesión para “garantizar” las fuentes de trabajos ante la cuarentena. En tiempo de ganancias, estas son privadas, pero en tiempo de “pérdidas” estas se socializan utilizando recursos del estado, incluso los fondos del Anses.
Hay que dejar en claro que el gobierno nacional pagó a grandes empresas cuya nómina oscila entre los 100 y 800 trabajadoras/es, caso Techint, Ledesma, Volkswagen, Mercedez- Benz, y la infaltable Sociedad Rural, empresas evasoras por naturaleza, y muchas de ellas vinculadas al Terrorismo de Estado practicada por la última dictadura.
Además no podemos callar, el Estado Nacional posterga aumentos a los trabajadoras/es del estado y recorta a las/os jubiladas/os para de rodillas subsidiar al gran capital, con el agravante de que el papeleo para acceder a los 10.000 es engorroso burocrático, mientras al gran capital salvaje se le allana el camino.
¡¡¡Cuidado Alberto Fernández no renuncie a pasar a la historia como un presidente al menos de corte popular!!!
Firma: Carlos Holmsquist
