La respuesta vino desde el sector de los Derechos Humanos hacia el senador por la capital, Guillermo Durand Cornejo, quien en el recinto se refirió de manera despectiva hacia las familias que ocupan un terreno en Ampliación Parque La Vega en esta capital.
“Por este medio deseo referirme al espectáculo protagonizado en el recinto del Senado por el legislador Guillermo Durand Cornejo cuando allí se trataba el tema de las familias sin techo que tomaron terrenos en el loteo Parque la Vega.
Ante el drama de esas familias, las más pobres y desprotegidas, que por el abandono del Estado apelan al último recurso de tomar un terreno para conseguir un lugar donde vivir, el senador reclamó a los gritos la represión y se enfureció porque la policía no cumplió con la triste misión de apalear a los que nada tienen.
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“¿Cuál es la diferencia entre los boys-scouts y los policías de la Provincia?”, vociferó el senador, dejando bien en claro que para él la gravísima crisis habitacional de la provincia es un problema que se resuelve a palos. Qué lamentable muestra de brutalidad e ineptitud.
El senador invocó a la sacrosanta propiedad privada y catalogó a los ocupas como delincuentes. “En nuestro país existe la propiedad privada”, dijo. Pero nada dijo del derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución Nacional que ningún gobierno ha respetado ni garantizado.
En Salta hay un déficit habitacional de 72.000 viviendas, no hay acceso al crédito, hay pocos terrenos y esos pocos son muy caros a causa de la especulación inmobiliaria. Acceder a un lote es prácticamente imposible para los sectores carenciados de la población, hundidos en la catástrofe social que dejó el macrismo, que el senador tan brillantemente representa.
A esto se suma la crisis provocada por la pandemia que ha dejado a miles de personas sin trabajo y sin poder pagar un alquiler, que se están quedando en la calle. Es lo que pasó con la familia desalojada el 14 de mayo de un terreno que había ocupado en barrio Los Paraísos (Cerrillos). El padre es un albañil que no pudo trabajar por la paralización de actividades provocada por la cuarentena, no pudo pagar el alquiler de la pieza donde vivía con sus cuatro hijos y fue expulsado por la dueña. Es lo que pasó también con Martín Osorio, un trabajador informal padre de cinco hijos que el 27 de abril fue desalojado de un terreno que había tomado en barrio Ceferino, y es lo que pasó con muchas de las familias desalojadas por la policía en barrio Justicia (sudeste de la ciudad) el 16 de mayo.
Ahora son ciento treinta las familias asentadas en Parque la Vega, hay en ellas muchos niños pequeños y la mayoría son mujeres. Familias que fueron echadas a la calle a pesar del decreto presidencial Nro. 320, del 29 de marzo, que prohíbe los desalojos por falta de pago de alquileres por seis meses. Ese decreto presidencial no se está cumpliendo y a nadie le importa. Y menos que menos al senador.
Pero además el senador, devoto de la propiedad privada, es un hipócrita o un incoherente. Porque si el que la viola es un socio político suyo, como por ejemplo el rico y poderoso senador Romero, que se quedó orondamente con las 90 hectáreas de La Ciénaga, no se indigna, no dice nada y, por supuesto, no se le ocurre llamar a la policía. Pero si un pobre que no tiene donde caerse muerto ocupa una parcela de tierra se mesa los cabellos, se rasga las vestiduras y pide palos, palos y más palos.
RAQUEL ADET -DNI. 13.347.506”
