El Centro de Estudios Legales y Sociales, informó que un grupo de mujeres detenidas en una comisaría de La Tablada, denunciaron torturas y abuso sexual. Se necesitan soluciones urgentes para la situación de las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires, aseguran los integrantes de la organización civil.
Más de veinte mujeres que estaban alojadas en los calabozos de una comisaría de La Matanza, provincia de Buenos Aires, denunciaron que fueron torturadas y abusadas sexualmente por la Policía Bonaerense. Según surge de la denuncia realizada por la Comisión Provincial de la Memoria y la Defensoría de Casación Provincial, el 19 de diciembre y el 5 de enero las mujeres sufrieron torturas, golpes, requisas vejatorias, abuso sexual y otras formas de humillación por parte de efectives policiales. En los hechos participó el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) que funciona como cuerpo de requisas en el ámbito policial. Luego de estos abusos, las fuerzas de seguridad las confinaron en aislamiento y les restringieron el contacto con familiares para que no pudieran relatar lo que les había pasado. La comisaría en la que sucedieron estos hechos aberrantes es la n°3 de La Tablada, una de las veinte dependencias sobre la que pesa una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que sea clausurada por las graves condiciones de detención y el riesgo para la vida e integridad física y psíquica que implica el alojamiento en esos lugares.
El poder judicial provincial aceptó un habeas corpus en favor de las mujeres pero su intervención no garantizó que se hicieran las primeras medidas que son obvias y urgentes en cualquier procedimiento para preservar las evidencias de las torturas, tampoco priorizó las medidas de cuidado de la salud de las detenidas. A su vez, la investigación fiscal avanza de forma lenta y desordenada, sin que se hayan cumplido aún estos protocolos básicos.
Lo que pasó en la comisaría de La Tablada debe implicar un punto de quiebre de la política de hacinamiento y sobrepoblación en cárceles y comisarías. Es muy importante que el Ministerio de Seguridad y la justicia provinciales aseguren una respuesta contundente que sancione a les policías responsables de los hechos y que el GAD, que acumula denuncias por violencia, deje de ser utilizado como cuerpo de requisas. La Mesa Interinstitucional de Diálogo para el abordaje integral de la problemática de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, que fue convocada por el gobierno provincial y de la que participan los tres poderes del Estado y la sociedad civil, es el espacio para motorizar soluciones urgentes para estas graves violaciones de derechos.
Fuente: Infobaires 24
