Con una reducción del personal a la mitad y el cierre de la planta de Azul, Fabricaciones Militares es una de las áreas que mayor ajuste registraron durante el gobierno de Mauricio Macri. Transformada en sociedad del Estado, sus responsables aseguran que dejan una “empresa viable, a la que hay que dedicarle tiempo y avanzar en planificación estratégica”.
Este año, el Tesoro le girará menos de $1000 millones (fueron $5000 millones en 2015) y su facturación fue de $1600 millones en 2018. El análisis de los delegados del gremio de ATE es menos optimista y aseguran que hay un “compromiso político” del presidente electo, Alberto Fernández, para derogar el decreto que impuso la nueva figura jurídica.
“Duplicamos la producción de 2015 con menos personal”, dijo Ricardo Casal, presidente de la firma. Tras el cierre de la planta de Azul, quedan operativas las instalaciones de Río Tercero y Villa María (Córdoba) y Fray Luis Beltrán (Santa Fe). Fabricaciones Militares era el organismo estatal con más personal contratado: el 85% de la planta recibida hace casi cuatro años.
Casal sostuvo que en Fray Luis Beltrán “andan muy bien” las líneas de municiones de distintos calibres, la modernización de fusiles para el Ejército y la producción de chalecos antibalas. Se ganó una licitación para entregar 14.000 chalecos a la policía bonaerense y están adelantadas las negociaciones para otros 4000 para la ciudad de Buenos Aires.
También advierte que hay negociaciones de “convenios que no convienen al Estado”, como uno con la india MKU, que hace blindaje y chalecos, por lo que la planta santafesina pasaría a ensamblar, y otro con Bersa, que quiere sacar una pistola en conjunto. “Por ambos se pagarían royalties”, apunta.
