El CIF es el primero en remitir perfiles genéticos al Registro Nacional

El Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual fue creado por la ley 26.879, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y se reglamentó por el decreto 522 del 17 de julio del 2017.

Su finalidad es facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual.

El Registro Nacional recibe los perfiles de ADN de condenados con sentencia firme y de evidencias biológicas de autores no individualizados vinculados a delitos contra la integridad sexual, que deben ser remitidos desde los Registros Provinciales y los laboratorios acreditados en todo el país por orden judicial.

Salta, a través del Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, remitió los primeros perfiles genéticos obtenidos por el Banco de Datos Genéticos local, al Registro Nacional, con lo que se convierte en el primer laboratorio en remitir el material genético que fija la ley 26879.

El Banco de Datos Genéticos de Salta funciona en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y se puso en marcha en Marzo de 2018. Fue creado por ley provincial 7.775, e instaurado en el Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Tiene a su cargo obtener la identificación genética del análisis de ADN no codificante asociado a una muestra o evidencia biológica.

Tiene por finalidad registrar y almacenar el resultado del referido análisis e incluirlo en una base de datos para su posterior cotejo en el marco de una investigación penal vinculada a delitos contra las personas y contra la integridad sexual.

Hasta el momento registra la incorporación de 713 perfiles genéticos de condenados, imputados y de personas no determinadas a través de evidencias forenses en causas de delitos contra las personas y contra la integridad sexual.

De este total, 532 perfiles se corresponden con condenados y 399 de ellos son por delitos contra la integridad sexual.

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