La historia de Tamara Gonzáles en Barrio Los Paraísos es de las tantas que lamentablemente cubren los medios de comunicación. La crisis económica afectó en gran manera el bolsillo de los salteños haciéndoles cada vez mas difícil el poder acceder a una vivienda digna.
Tamara Gonzáles es una joven que tiene dos hijos menores que padecen enfermedades crónicas, su marido trabaja pero no le alcanzan los recursos para poder seguir pagando un alquiler.
Ante la desesperación, Tamara tomó la decisión de ingresar a un terreno deshabitado, el cual ella y su esposo limpiaron y acondicionaron para construir una precaria vivienda. He aquí la historia:
“Ayer aparece la dueña del terreno acompañada de personal policial forzándome para entrar al terreno sin orden judicial . Les expliqué que al terreno yo lo denuncié hace dos meses con todos los papeles por Tierra y Hábitat y por el IPV y la firma de los vecinos que avalan que este terreno estaba totalmente deshabitado desde que lo entregaron estaba lleno de yuyos y limpié todo“, manifestó.
Añadiendo que hace dos semanas ocupa el terreno junto a sus hijos y su esposo. Pide una solución habitacional, Tamara sabe y reconoce que usurpa un terreno pero ante la desesperación está decidida a no ceder en su reclamo. Además de denunciar irregularidades en el actuar de la comisaría de Pinares.
Esta es la lucha del pobre contra el pobre, el Estado debe intervenir para solucionar el problema. Muchos lectores seguramente condenarán la actitud de Tamara por usurpar un terreno ajeno, pero también es necesario ponerse en el lugar de la otra persona. El responsable es el ente que debe proveer de viviendas a quienes más lo necesitan.
Hubieron denuncias de que en las casas y los terrenos que ha entregado el IPV no viven familias con necesidades, sino que las han obtenido para subalquilarlas. No sería posible que el organismo realice una auditoria seria para que aquellos que han engañado a la buena fe se les sean quitadas esas viviendas y de ese modo otorgarlas a quienes sí las necesitan.
