Tras 15 años de juicios, trámites y escarnio público, por propios y ajenos, la periodista y reconocida militante peronista, Natalia Otero ha sido absuelta del delito por el que en 2017 fue condenada a 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla partícipe necesaria en el delito de peculado (Art. 261 CP). La causa judicial se inició porque la aludida periodista utilizó un vehículo secuestrado de una causa federal- situación no declarada por los funcionarios- como si fuera un bien del Estado para fines sociales.
Durante el gobierno de Juan Carlos Romero, se le fue concedido a Otero un vehículo por parte del escribano Manuel Brizuela, que por ese tiempo era ministro de gobierno, y Gustavo Ferraris, ex secretario de seguridad, para realizar un trabajo social en General Güemes para una ONG. El camino turbio de esta causa se desenvuelve a partir de una investigación que la justicia le estaba haciendo a Ferraris, por el uso indebido de vehículos, allí es donde aparece en escena el peugeot 206 color celeste que se le fue prestado a Natalia Otero.
Ante la condena, el letrado que representa a Natalia Otero, el Dr. Santiago Pedroza presentó un recurso de casación, en cual determinó la absolución de toda culpa y cargo por no haberse constituido el delito. Del fallo se desprende que la sentencia del tribunal de Salta fue arbitrario dado que, “mientras el delito de peculado exige como sujeto a un FUNCIONARIO PÚBLICO y como objeto un BIEN DEL ESTADO en el caso que nos atañe no existe ninguno de los elementos que requiere la figura penal”.
Agregando además que “se trató de una simple guarda provisoria del vehículo en cuestión, que resulta llamativo que se haya condenado a un particular, y desvinculando a todos los funcionarios públicos involucrados en el proceso, y que en definitiva se ha intentado manipular la norma típica con una interpretación subjetiva en perjuicio de la Sra. Natalia Otero con el mero objeto de endilgarle un delito que no ha cometido”.
En 2005, en la causa, además de Natalia Otero, se había imputado al por entonces jefe de policía, Hugo Liendro, quien fue absuelto por la jueza federal Marta Liliana Snopek, en el 2014.
Adelantó la periodista que va a iniciar acciones civiles contra Manuel Brizuela y Gustavo Ferraris ya que ellos fueron los que le prestaron el vehículo en cuestión y no dudaron en lavarse las manos al ser descubiertos.
