En noviembre del año pasado el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, solicitó la detención de cuatro ex funcionarios que fueron procesados por desviar recursos que dicha casa de estudios recibía de “Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio”, explotado comercialmente por Minera la Alumbrera Ltda. Esta última se encontraría conectada a una red de sociedades offshore en Islas Caimán e Islas Bermudas como parte del Grupo Glencore, según se desprende de la investigación periodística global conocida como “Paradise Papers”.
Todo tuvo su origen con la investigación periodística denominada “Paridise Papers” que despertó la sospecha del manejo indebido de los fondos remitidos por “Minera La Alumbrera Ltda.”, a través de mecanismos para dotarlos de legalidad, “debieron ser redirigidos desde el circuito de dinero previa y decididamente estructurado hacia el peculio de los involucrados en los actos de corrupción investigados”.
Los exfuncionarios implicados son Juan Alberto Cerisola –ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) entre 2006 y 2009-, Olga Cudmani –directora general de Construcciones Universitarias-, Osvaldo Venturino –director de Inversiones y Contrataciones- y Luis Fernando Sacca –subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión. Las mencionadas autoridades de la UNT se encuentran procesadas en el marco de una causa donde se investigan irregularidades en el uso de fondos públicos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), una empresa del Estado de derecho privado, en la cual la UNT tiene participación. A su vez, dentro de su concesión, se encuentra el yacimiento de cobre, oro y molibdeno “Bajo de La Alumbrera”, uno de los diez mayores yacimientos de oro y cobre del mundo.
Por su parte, el fiscal Gómez, comentó que “se estaría en presencia de una inconducta merecedora de ser calificada como modus operandi del delito de lavado de activos”.
La investigación Paradise Papers levantó polvareda y también salpicó al diputado de Cambiemos por Tucumán, José Manuel Cano, mientras trata de alejar su nombre de la investigación por “encubrimiento y delitos que correspondan”. Cano por ese entonces fue acusado de desviar fondos de la Universidad Nacional de Tucumán para su campaña electoral.
