Se repite hasta el hartazgo que la provincia de Salta atraviesa un año complicado en materia económica, supuestos ajustes por todos lados para sobrevivir a la crisis.
Pero a pesar de esos anuncios de austeridad en donde se suspendían las horas extras, se congelaban los salarios, las paritarias cerraban en 15% a pagar en cuotas y otras medidas anti crisis, vemos como el Gobierno sigue nombrando “personas” en cargos que no obedecen a necesidades estratégicas y sin especificar las actividades de aquellos “punteros” que fueron convocados.
Todo parece indicar que el recorte presupuestario esta dirigido a las áreas de salud, seguridad, educación, o inversiones que generen empleo y dicho ahorro termina destinándose a designaciones políticas o gastos reservados.
Dos casos emblemáticos de los cientos que existen y muestran el derroche administrativo en la gestión de Urtubey son los nombramientos de Marcelo Abraham (con presupuesto a cargo del Ministerio de Gobierno) sin funciones específicas o tareas que representen algún beneficios puntual hacia la comunidad.
Otro caso testigo que puede ser entendido como despilfarro es la reciente incorporación del Lic. Cirio Esper con presupuesto a cargo de la Secretaría gral de la gobernación, quien por casualidad es (hermano de Sarah Esper la abogada vocera en las marchas por el agua que pedía la intervención y la renuncia de todo el gabinete provincial al igual que la del gobernador.
Se comenta que dicho nombramiento el cual tampoco tiene tareas definidas a cumplir ni razones para su incorporación como estamento de apoyo, “obedecería a un acuerdo fallido para calmar a la luchadora de los recursos hídricos, quien realiza una cruzada épica contra el poder judicial y el gobierno de Juan Manuel Urtubey como revancha personal a sus frustrados intentos de lograr un nombrada en la esfera judicial.
La abogada habría concursado en su momento con el actual Fiscal Penal “Gonzalo Vega” entre otros postulantes, no obteniendo el puntaje suficiente para acceder al cargo pero ella insistía en denunciar discriminación por parte de sus colegas del colegio de abogados, gente cercana a su entorno asegura que su propósito hacia la madurez de su carrera como abogada es obtener un nombramiento en alguna defensorías del Distrito Judicial Tartagal.
La familia posee cercanos lazos con el gobierno y múltiples nombramientos tanto en el poder judicial como en el poder ejecutivo, en donde el hombre fuerte de la política sigue siendo el ex diputado y senador Budi Esper actual Presidente General de Auditoria de la Pcia.
Fuente: Tartagal al Día
