Los ánimos están caldeados. No se avizoran soluciones al conflicto entre el Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA) y Tabacal Agroindustria, luego del despido de más de 180 trabajadores, en enero pasado, como coletazo del cierre del Ingenio San Isidro en Campo Santo. Una provincia golpeada por el cierre de industrias y el desempleo consecuente, en un país que no promete mejoras a corto plazo y que ahoga con los tarifazos, genera una caldera que hoy arde en el norte salteño. El viernes fueron muchos los actos de violencia denunciados por gente que circulaba por la ruta Nacional 50 y que a la altura de Yrigoyen se les terminó el viaje tras una cola de vehículos que superaba el kilómetro. Casi todos los conductores se bajaron para enfrentar a quienes cortaban la ruta con la cara tapada, y varios sufrieron golpes y vieron arruinados sus vehículos. “Nosotros no tenemos nada que ver”, “Que tomen la planta del ingenio, no la ruta”, “Nosotros vamos con la cara descubierta y ellos la tienen tapada”, “Qué esperan las autoridades para hacer valer nuestros derechos de libre tránsito”, se oyó decir a los indignados que radicaron denuncias en la comisaría de Yrigoyen.
Ayer, a las 19.30, tras dos horas de reunión, el juez Federal subrogante de Orán, Gustavo Montoya; el comandante mayor de Gendarmería, Héctor Cepeda; el jefe de la delegación Salta de la Policía Federal, Raúl Nazzi; el ministro de Seguridad, Cayetano Oliver; el comandante mayor de Gendarmería, Dardo Ybarra; y Jorge Miño, comandante principal de Gendarmería Nacional, tomaron la decisión y plantearon una estrategia para despejar el corte de la ruta nacional 50, que tantas penurias viene provocando a los miles que circulan diariamente por esta vía. Hace un mes que los cortes son diarios y obedecen a los caprichos de un grupo de piqueteros que, con las caras tapadas y actitud amenazante, se escudan en la defensa de los 180 trabajadores desvinculados en enero del ingenio El Tabacal.
En declaraciones a El Tribuno, el juez Federal Montoya, dijo: “El conflicto en San Martín del Tabacal entre empleados y la empresa, está afectando a todo el departamento Orán y parte de San Martín, provocando un grave daño al impedir el tránsito, la comercialización de productos y la seguridad en la zona. Por eso hemos decidido citar a esta reunión con los jefes de Seguridad para trabajar y elaborar una estrategia que nos permita garantizar el libre albedrío de la ciudadanía, la libertad de circulación, más allá de que resulten justos o injustos los reclamos laborales”.
El juez agregó: “Estamos seguros de que se está cometiendo un delitos al interrumpir las vías de comunicación, más aún tratándose de una ruta nacional, de competencia federal. Nosotros advertimos que la negociación con la empresa no está llegando a buen término, pero la gente de Orán, Pichanal, Yrigoyen, Embarcación no tiene la culpa de la situación, y somos el instrumento idóneo como Poder Judicial, apoyado por las Fuerzas de Seguridad, para hacer cesar cualquier tipo de delito que se esté cometiendo, como así también penar los que se hayan consumado”.
Finalmente dijo que “en el marco de este concepto tenemos que garantizar la libre circulación de la gente, porque muchos mayores de edad, embarazadas, niños y discapacitados, sometidos a temperaturas muy altas en la ruta por horas, y eso es injustificable”.
Juntando firmas
En la plataforma de peticiones web Citizen Go, una ciudadana, Claudia Alveira, inició la recolección de firmas solicitando al Juez Federal Gustavo Montoya, “que intervenga y haga valer su posición de juez, encarcelando a todas las personas que cortan la ruta nacional 50”. En menos de 24 horas eran cientos de firmas las que tenía esta petición que se viralizó a través de las redes.
Fuente: El Tribuno
