En su enfrentamiento sin tregua con algunos sindicatos, el Gobierno está decidido a avanzar contra una de sus fuentes importantes de ingresos: los aportes solidarios que los gremios retienen todos los meses a los trabajadores no afiliados de las actividades que controlan.
La decisión promete abrir un nuevo frente de conflicto. Amparados en la ley de convenciones colectivas de trabajo, los sindicatos aseguran que la intención de la Casa Rosada es ilegal y prometen resistir el intento de erradicar una de sus fuentes de ingresos en la Justicia.
Según un relevamiento del Ministerio de Trabajo, los 15 principales gremios que hoy cobran cuota solidaria, un porcentaje que varía entre el 1 y el 3 por ciento del salario de convenio, recaudan por esa vía poco más de 1000 millones de pesos al mes.
La lista incluye a sindicatos grandes como Comercio, Uocra (construcción), Gastronómicos, Camioneros y la UTA; a gremios medianos, como el de entidades deportivas (Utedyc), Alimentación y Maestranza, y a organizaciones chicas, como Textiles, Plásticos y Gráficos.
El Gobierno dio el primer paso contra la cuota solidaria hace poco más de un mes, cuando a través de una resolución del Ministerio de Trabajo, prohibió a La Bancaria seguir reteniendo el aporte del 1% a 45.000 trabajadores no afiliados, equivalente a unos 20 millones de pesos mensuales.
Sin embargo, la semana pasada, el juez en lo Civil y Comercial 11 de Resistencia, Chaco, Julián Benito Flores, dispuso que los bancos deben seguir descontando la cuota solidaria que luego remiten al gremio. El Ministerio de Trabajo apelará la medida en los próximos días.
Pese al revés, la cartera que conduce Jorge Triaca tiene previsto avanzar con otros gremios en la misma línea que adoptó respecto de La Bancaria.
“El objetivo es limitar la ultraactividad para que quede asociada a las cuestiones más básicas”, justificaron a LA NACION cerca del ministro.
El principio de ultraactividad implica que todo convenio rige hasta que sea reemplazado por otro. Esto supone que, mientras que un gremio no acepte cambiar su convenio colectivo, mantiene el statu quo de las reglas de la actividad.
“Vencido el término de una convención colectiva, se mantendrán (…) las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ella, hasta tanto entre en vigencia una nueva convención”, establece el artículo 5 de la ley 14.150 de convenios colectivos de trabajo.
Más allá de ese principio, en el Ministerio de Trabajo sostienen que, en los casos en los que la retención de la cuota solidaria no está contemplada en el convenio, sino que solo figura en el acuerdo paritario que el sindicato y las empresas del sector firman periódicamente, como en el caso de los bancarios, es posible avanzar contra el aporte solidario.
En números
El informe de Trabajo, al que accedió LA NACION, incluye el salario de convenio y la cuota solidaria de cada gremio, además de la cantidad de trabajadores a la que se le retiene todos los meses.
Los sueldos corresponden a 2015, pero actualizados según el índice de salarios del sector registrado (público y privado) que elabora el Indec, indican, por ejemplo, que el gremio que en 2017 más recaudó en concepto de aporte solidario fue Comercio, con 462.227.896 pesos mensuales. El sindicato que comanda Armando Cavalieri retiene un 2,5 por ciento del salario a poco más de 935.000 trabajadores. Lo sigue Camioneros, que el año pasado reunió 116.039.022 pesos gracias a una alícuota del 3 por ciento. En tercer lugar aparece el gremio de los trabajadores de entidades deportivas (Utedyc), que con una retención del 2 por ciento embolsó 44.789.220 pesos. En total, los 16 gremios analizados suman $1.078.077.650
La resistencia de los gremios no es el único escollo que deberá superar el Gobierno. La decisión de retener una cuota solidaria se desprende de un acuerdo entre el sindicato y la patronal, un pacto en el que el Estado no interviene, salvo que alguna de las partes lo pida. Es decir, necesita empresarios que cuestionen el aporte y, por lo tanto, pidan dejarlo sin efecto.
Fue lo que ocurrió con las cámaras que agrupan a los bancos, que en medio de la puja con La Bancaria por la paritaria de este año recurrieron al Ministerio de Trabajo para que se pronunciara sobre si correspondía seguir reteniendo el 1% del sueldo a los bancarios no afiliados y luego derivar esos fondos al gremio que conduce Sergio Palazzo. El Ministerio falló en contra del descuento, La Bancaria apeló y el tema deberá ser ahora resuelto por la Cámara.
Los sindicatos no dudan de que la misma suerte correrá cualquier otra resolución de Trabajo en ese sentido. “Lo que quieren hacer es abiertamente inconstitucional. No hay manera de que prospere”, dijo a LA NACION un especialista en derecho laboral con amplia experiencia en un sindicato.
El avance contra el aporte solidario se inscribe dentro de una embestida más amplia del Gobierno contra las sumas no remunerativas que en los últimos años se multiplicaron en los acuerdos salariales para inflar los aumentos sin perforar demasiado los techos fijados por el kirchnerismo y por Cambiemos para las paritarias.
Un ejemplo de que esa política está en marcha es la decisión del Ministerio de Trabajo de no homologar el bono de fin de año que Camioneros acuerda con las empresas del sector desde hace siete años. Claro que, además, esa determinación se enmarca en la guerra entre el Gobierno y Hugo Moyano. De hecho, Triaca comunicó que no homologaría el bono 48 horas antes de la marcha del miércoles pasado.
