Riccardo Bosi, un ex teniente coronel de las fuerzas especiales del ejército australiano y líder del partido político nacional «Australia One» asegura que se aplicarán tribunales militares y «pena capital» a los miembros del gobierno y de los medios de comunicación que hayan estado implicados en la gran trama del Covid-19.
Riccardo Bosi, que es también candidato al Senado, ha afirmado en su sitio web: “Los políticos profesionales de los principales partidos han arruinado nuestro país, pues no sirven a los ciudadanos de la nación, sino que representan a potencias e ideologías extranjeras, así como a otros grupos de intereses especiales. Debemos elegir no entre ‘izquierda’ y ‘derecha’, sino entre el bien y el mal”.
Bosi ha emitido un ultimátum a los colaboracionistas en un reciente video. Asegura que serán juzgados por tribunales militares y castigados a la «pena capital» todos los miembros del gobierno y de los medios de comunicación que hayan estado implicados en la «Gran estafa del Covid».
Las elecciones federales de Australia de 2022 se llevarán a cabo el 21 de mayo de ese año, para elegir a los miembros del 47º Parlamento de Australia, los 151 escaños de la Cámara de Representantes, y 40 de los 76 escaños del Senado.
Australia ha sido uno de los países más severos en la aplicación de medidas restrictivas para la población.
Campos de internamiento para los no vacunados
A principios de este año, el estado de Washington presentó un nuevo proyecto de ley para detener en campos de internamiento a los que no se vacunen. La norma se aplicará a toda la población a partir de los cinco años de edad y los encargados de su ejecución no son policías, jueces ni fiscales, sino sanitarios “a su entera discreción”.
La burocracia sanitaria se reconvierte en uno de los aparatos represivos del Estado y podrá emitir “órdenes de detención de emergencia” de las personas o grupos de personas “con fines de aislamiento o cuarentena”.
Los sanitarios pueden pedir a la policía que les ayude a capturar a los apestados y recalcitrantes a las vacunas y, además, ostentarán la condición de “agentes de la autoridad” para hacer cumplir inmediatamente las órdenes emitidas para detener y encarcelar a quienes estimen necesario por el bien de la salud pública.
La “orden de detención de emergencia” legaliza el aislamiento y la detención de los que no se sometan voluntariamente a las inyecciones “durante un periodo no superior a diez días”.
