Sr. Presidente vengo en este acto a plantearle ante tanto desconcierto jurídico y legal, algo que nos preocupa a los argentinos. ¿Quién determina la política sanitaria? Se ha determinado el PLAN ESTRATÉGICO PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 EN LA REPÚBLICA ARGENTINA, según Resolución 2883/2020.
Quizás sea usted, Blackrock o el caprichoso gobernador de mi provincia.
No está claro ¿quién conduce los destinos de nuestra salud y mucho menos del país? Lo cierto es, que el interés superior de las industrias farmacéuticas, se contrapone con el interés de nuestras propias familias. Donde al día de hoy se pretende aplicar un andamiaje legal a medida de Blackrock y a favor de su monopolio de las vacunas. Sr. Presidente por lo expresado, surge otro interrogante. ¿Existe en la República Argentina el estado de derecho?
En Jujuy, ciertos enanos fascistas, han decidido tomar algunos roles y atribuciones, que son contrarios a la constitución nacional, provincial, los códigos penales y civiles vigentes y toda lo que respecta al derecho laboral y los derechos humanos. Mi planteo está fundamentado a partir de la resolución mencionada. Que en su art. 6 dice claramente que la vacunación contra la covid-19, es voluntaria, gratuita y equitativa. Y citó además resolución conjunta 5/2020 RESFC-2020-5-APN-MS(sic) art. 1° Establecer que la normativa dictada en el marco de la Ley Nº 27.541 y del Decreto de Necesidad y Urgencia N°260 de fecha 12 de marzo del 2020, no faculta a los empleadores a exigir certificaciones médicas o estudios relativos al COVID-19, a los trabajadores que ingresen o se reintegren a sus tareas. Frente a estas normas como ciudadano y en defensa del estado de derecho y del orden jurídico vigente. Afirmó presidente; que los ciudadanos jujeños no somos iguales ante la ley, a partir del decreto 3768-s y ley 6229. Normas refrendadas por la escribanía de turno Legislatura de Jujuy. Los ciudadanos de 2da que trabajan en el estado provincial, están siendo coaccionados y extorsionados a una indigna vacunación obligatoria, como consecuencia de estas normas, contrarias a la política sanitaria nacional. Y sumado a ello, quienes ha decidido no vacunarse ciudadanos de 3ra están siendo amedrentado y amenazados formalmente de perder su trabajo.
Según lo establece el art. 28 y 29, es que como ciudadano, y considerándolo en el uso aún de sus facultades institucionales, hago un fuerte llamado a su envestidura, quien ha jurado ante la Constitución, (aquello de respetar fielmente y hacer cumplir nuestra constitución). Esto no debe ser considerado un hecho meramente simbólico, no es menor frente al atropello de nuestros derechos, que los jujeños estamos padeciendo frente a un estado de excepción con rasgos totalitarios. Y que amerita con carácter de urgentísimo la intervención de la provincia, por clara violación a la constitución y los derechos humanos.
Por lo que Ud., no puede estar ajeno, ni ser cómplice, ni estar eximido de las responsabilidades civiles y penales, frente a la gravedad de los hechos. Detrás de las providenciales vacunas y la política sanitaria imperante, se ha visto claudicar a ciudadanos en Jujuy, contra su voluntad, se han sometido a una vacunación forzada, solo se trató de no perder su trabajo o poder tener la posibilidad de acceso a un colectivo inclusive para estudiar o trabajar. Situaciones que están siendo fielmente documentados y que oportunamente serán denunciadas. Así como las consecuencias de la inoculación de la mal llamada vacunas covid. (Efectos adversos, efectos secundarios y muertes)Por lo que esto, será justicia en la Argentina o en los Tribunales Internacionales cuando pase la tempestad, como lo establece el art. 75 inc. 22 de la constitución, en referencia a los tratados internacionales, que como país hemos adherido.
Por suerte Ud., lo sabe, como todos aquellos que han intervenido en estos tipos de políticas. Los delitos de Lesa Humanidad, no prescriben.
La desobediencia civil y un Nüremberg jujeño, empezó a gestarse. Detrás evidentemente hay complicidades nacionales, locales; que flojos de formulismos legales destruyeron los principios republicanos.
Tal es así, que nuestra justicia es sumisa y subsidiaria “Dice sin decir” y a sus los empleados judiciales se les exige que presenten el certificado de vacunas para volver a la presencialidad, según acordada de la corte. En clara contradicción a sus propias sentencias referido a las “emergencias”, que bajo so-pretexto no pueden violarse los principios y las garantías constitucionales. En la endeble democracia liberal cierto es, que se puede hacer todo tipo de negocios, pero Sr. Presidente jamás en detrimento de la salud de ningún argentino y muchos menos cuando se trata de la vida de nuestros hijos.
Que nadie en absoluto se atreva, esto ya lo sufrimos en el pasado, las consecuencias, están a la vista.
La resultante, cipayos funcionales y alcahuetes a esos intereses, que pretenden vaya uno a saber que intenciones oscuras persiguen.
Sin otro particular y a solicitud de lo expresado, quedo a la espera de una saludable respuesta institucional, que le urge a la República Totalitaria de Jujuy y tal vez a la República Argentina.
Ser o no ser esa es la cuestión, un estado de derecho o un estado totalitario sin democracia y soberanía.
Od. Pablo Valdez
(M.P. 2965)
Dni: 21.320.130
