La fiscala Penal de Cafayate, Sandra Rojas, requirió al Juzgado de Garantías la elevación a juicio del diputado provincial por Cafayate Sergio Daniel Cisneros, por los delitos de usurpación de propiedad en perjuicio de la Provincia de Salta y usurpación de propiedad y desobediencia judicial en perjuicio de La Viñita S.A.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por la fiscala Penal y las pruebas obtenidas, el diputado habría usurpado dos propiedades distintas en Cafayate, por lo que elevó el pedido de juicio al Poder Judicial, que ahora deberá decidir si hace lugar y si solicita el desafuero del legislador, tal como lo establece el artículo 99 de la Constitución de Salta.
La usurpación de propiedad se encuentra penada en el artículo 181 del Código Penal Argentino, que establece en su artículo 1´ que será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes.
Y el artículo 239 estipula que será reprimido con prisión de quince días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.
Durante la audiencia de imputación, que fue realizada el 12 de abril, Cisneros se abstuvo de declarar.
Los hechos
El 8 de marzo de 2005, José Carlos Nallim compró en comisión -a favor de una sociedad en formación- el 11% indiviso de una finca de mayor extensión en Cafayate, conocida como Fincas Las Ramadas, Catastro N´ 488.
El 18 de agosto de 2006 se constituyó -mediante escritura publica N´ 74, folio 364/5, asiento N´ 3.555 del libro N´ 13 de sociedades anónimas, con fecha 20 de marzo de 2007, la sociedad La Viñita S.A., siendo Lucía Barcia propietaria del 50% y Daniel Cucchiaro, del 50% restante.
Un año más tarde, Cucchiaro transfirió el 50% de las acciones de La Viñita S.A. a favor de Raúl Federico Perera Quintana, quien, a su vez, el 16 de febrero de 2009 hizo lo mismo con Pablo Damián García.
A lo largo de los años, los propietarios fueron realizando distintas mejoras.
En febrero de 2020 los propietarios de La Viñita S.A. visitan la propiedad y encuentran una obra en construcción. Al comenzar a averiguar les informan que la obra es del diputado Cisneros, por lo que lo denunciaron por usurpación.
La fiscala Rojas inició la investigación y pudo constatar que en el “Paraje Tolombón, La Viñita (catastro 488), hay una edificacion terminada, fabricada de material, adobe, ladrillo y cemento de 18×14 metros, y en su exterior se divisan cultivos y sembradíos”.
Durante la inspección ocular, además se pudo charlar con Cisneros, quien manifestó que vivía en el lugar hace 3 meses.
Teniendo en cuenta toda la documentacion aportada por La Viñita S.A., la fiscala consideró que quedó acreditado a priori que la ocupación por parte de Cisneros fue realizada mediante despojo, invadiendo el inmueble cuya posesión detentaba La Viñita S.A. y que además permanece en el lugar de los hechos.
Por otra parte, pese a que el Juzgado de Garantías de Cafayate había dictado en enero de 2021 una medida de no innovar, en la inspección de febrero de 2021 se pudo ver una obra con gran avance de construcción, por lo que el acusado cayó en desobedeciencia.
Por otra parte, el 15 de octubre de 2020, el guardaparque Gonzalo Cristófani realizó un acta en la que denuncia que “el señor Sergio Daniel Cisneros se encontraba realizando un alambrado perimetral en el esquinero del lote fiscal 4.397, Tolombón, terreno contiguo a La Viñita. Cabe destacar que ese lote, junto a los lotes fiscales N§ 4.394 y 4.398 son área protegida por decreto 616/18. El 5 de marzo de 2021, Medio Ambiente le solicitó a Cristófani un nuevo informe, quien informó: “Hay un alambrado de 1,5 km que rodea 31 hectáreas, a dos hilos, realizado con palos producto del desmonte de los algarrobos talados en el lote fiscal”.
Y el Gobierno lo denunció.
