Una caja multimillonaria para financiar partidos políticos y apuntalar candidaturas. Esa es la razón por la que Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner impulsan la reforma al sistema de salud con una posible estatización. El planteo lo había hecho la vicepresidenta en diciembre pasado en un acto y lo reflotó recientemente al plantear un “repensamiento” de todo este sistema.
La vice y su hijo, jefe de bloque del Frente para la Victoria en Diputados, buscan quedarse con una abultada caja de unos $125 mil millones, compuesta por una facturación de $65 mil millones de las obras sociales y $60 mil millones de las prepagas. El objetivo que persiguen es acaparar esta enorme magnitud de fondos para costear tanto a La Cámpora que lidera el hijo de la vicepresidenta como una eventual candidatura de él a gobernador bonaerense o a presidente, para las elecciones de 2023.
El proyecto genera una gran preocupación tanto en las empresas de medicina prepaga como en la CGT. Los popes gremiales temen un avance del kirchnerismo en las obras sociales, que representan el grueso del caudal de fondos que manejan los gremios. Hace poco más de un mes el presidente Alberto Fernández recibió a los jefes de la central sindical y se comprometió a “meter en el freezer” al proyecto. Aunque los gremialistas dudan, ya que les prometió cumplir con otras medidas que no cumplió.
En una fuerte reacción contra la iniciativa del kirchnerismo duro el presidente de la Unión Argentina de la Salud (UAS) Claudio Belocopitt salió al cruce del proyecto del Instituto Patria. El empresario le reclamó al Gobierno que si quiere avanzar con este proyecto “lo plantee a la sociedad en forma franca y transparente”. Adelantó que pedirán al Congreso que convoque al sector para exponer sobre la situación de la actividad y que no descartan una futura presentación ante la Justicia.
Además de una nueva modalidad de “elección libre” entre obras sociales. De concretarse el plan de reforma esto caería como una bomba en las arcas de las obras sociales. Por ejemplo en las de servicios médicos de empleados públicos provinciales, que no permiten que sus afiliados deriven aportes a otras prestadoras.
También determina que el Estado intervenga en los precios de los medicamentos y de determinadas prestaciones. Sugiere “utilizar el poder de compra del Estado cuando ello resulte en claras ventajas en el control de precios abusivos promoviendo compras centralizadas y conjuntas de Nación, Provincias, PAMI, Obras Sociales sindicales y provinciales, de las Fuerzas Armadas, de los poderes legislativo y judicial y universitarias que opten por adscribir al Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”.
Fuente: TN
