Autor: Luis Caro Figueroa
En nuestro sistema jurídico, la reforma constitucional es un proceso complejo, dividido en varios pasos, atribuidos a órganos diferentes, que comienza invariablemente con la declaración de la Legislatura provincial de la necesidad de la reforma.
Esto quiere decir -en términos sencillos- que los salteños no estamos, como muchos sostienen, a las puertas de iniciar una reforma constitucional sino que tal reforma ya se ha iniciado.
El proceso se ha puesto en marcha, sin dudas, pues la parte del poder constituyente que le corresponde ejercer a la Legislatura ordinaria, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, ya se ha ejercido (la ley 8239 es claramente inconstitucional pero ya no se puede modificar) y ahora resta completar los siguientes pasos que están previstos en los artículos 184 y 185 de la vigente Constitución de Salta.
Es por esta razón tan elemental que la exhortación formulada ayer por el Vicegobernador de Salta, señor Antonio Marocco, para que los ciudadanos «se involucren en la reforma» es manifiestamente extemporánea, cuando no una sarcástica tomadura de pelo que no deberíamos tolerar.
Nuevamente la explicación es muy sencilla: El gobierno que integra el señor Marocco no consultó ni acordó con nadie el deficiente proyecto de ley que envió a la Legislatura para declarar la necesidad de la reforma. De haberlo hecho, quizá se hubieran evitado esos detalles de flagrante inconstitucionalidad que hoy mantienen a la reforma en vilo.
Si realmente es sincero el deseo del gobierno de que los ciudadanos se comprometan y participen en el proceso de reforma constitucional, el momento de hacerlo era antes de la redacción del proyecto de ley, y no ahora, cuando la reforma y su resultado están prácticamente resueltos.
Esto no quiere decir, por supuesto, de que, en lo que queda, los ciudadanos deban mostrarse indiferentes ante el descaro de los gobernantes y que deban negarse, a partir de aquí, a participar de la reforma. Nada más inconveniente que eso.
Pero ya no será lo mismo, nunca.
Cuando el gobierno, a través de un acto de autoridad, cierra el contenido de la reforma, evidentemente decide su suerte y decide al mismo tiempo limitar la participación ciudadana a lo que políticamente conviene a sus propios intereses.
Los ciudadanos debieron opinar antes y hacerlo de forma amplia, plural y democrática; es decir, mucho antes de que el gobierno se decidiera a enviar el esperpéntico proyecto que envió a las cámaras legislativas. Un proyecto que, vale la pena recordar, fue tratado este año en unas sesiones extraordinarias que se convocaron violando abiertamente la regla del artículo 112 de la Constitución que supedita la legitimidad de la convocatoria extraordinaria a «que el interés público lo reclame».
EL ZAPPING
Marocco y otros de su mismo pelaje, consideran que la etapa anterior a la ley (caracterizada, como todo el mundo sabe, por las severísimas restricciones impuestas por la pandemia) fue pletórica en consultas. Pero los pocos que accedieron a sentarse con el gobierno y se allanaron a hablar sobre el tema coinciden hoy en que lo que hizo el gobierno durante todo el año pasado no fue más que zapping.
Esto significa que la anormalidad política es para el Vicegobernador de Salta no solo un terreno fértil sino el escenario ideal para desarrollar el diálogo político que requiere una reforma de nuestra Constitución.
Digo que el gobierno hizo zapping porque un día escuchó a unos (no demasiado representantivos, por cierto) y tomó notas con una birome y una libreta muy parecida a la del carnicero; al día siguiente apretó un botón, cambió de canal y escuchó a otros, aun menos representativos que los anteriores; al siguiente volvió a cambiar de tercio y ya ni siquiera se tomó la molestia de anotar las opiniones.
En ningún caso el gobierno negoció con nadie ni una sola letra de sus intenciones, que mantuvo todo el tiempo ocultas.
Como resultado de este proceso tan lamentable, la reforma propuesta a la Legislatura por el gobierno no llegó a incorporar ni uno solo de los criterios y las propuestas de los pocos (y escasamente representativos) que fueron oídos en el desgraciado zapping gubernamental.
Si esto es democracia participativa, pues que venga Dios y lo vea.
PARTICIPACIÓN, PERO A LIBRO CERRADO
En este contexto tan particular, el involucramiento ciudadano que reclama Marocco no solo está fuera de la lógica del tiempo sino que también representa un ejercicio de cinismo muy fino.
Se convoca a los ciudadanos a «acompañar» la reforma, porque el gobierno les dice que «mejorará la democracia». ¿Quién puede oponerse a eso?
Pero este juicio «mejorativo» no ha sido efectuado en ningún caso por los ciudadanos sino que lo ha sido por el propio gobierno. En casos tan especiales como este (que exceden notablemente las facultades y atribuciones que han sido reconocidas al Gobernador de la Provincia) son los ciudadanos los únicos que pueden decidir cómo se puede mejorar la democracia a través de una reforma constitucional. El gobierno no puede hacer algo como eso, ni siquiera apoyándose en una mayoría accidental y temporal en las cámaras legislativas.
Así, mientras más el gobierno se cerraba en su estrategia de zapping medieval, a nivel de la ciudadanía llana más arreciaban las voces que reclamaban una reforma más ambiciosa, que propiciara, por ejemplo, el final de la posición subordinada de la mujer en las relaciones sociales, económicas y políticas, o la cirugía mayor en el diseño institucional del Poder Judicial, para que la Corte de Justicia deje de ejercer los poderes exorbitantes que actualmente ejerce y se sometiera a controles democráticos como cualquier otro poder público.
¿Qué participación pueden tener los ciudadanos ahora, cómo se pueden involucrar en la reforma en un momento tan avanzado como este, si los temas sobre los que versa le han sido escamoteados de forma mezquina y autoritaria por el gobierno?
Es por esta razón que el señor Marocco llama a participar, pero para que lo aplaudan y no para que lo abucheen. Para él, la participación consiste en aprobar a libro cerrado lo que el gobierno propone como panacea para todos los males de nuestra democracia, sin siquiera tener la vergüenza de decir: «Este Gobernador será el primero en someterse a la limitación temporal de los mandatos sucesivos» o «Los jueces de la Corte durarán solo seis años sin posibilidad alguna de reelección».
En ningún caso, ni el Vicegobernador ni los que secundan esta pérfida maniobra de la mayoría política coyuntural esperan una participación en forma de resistencia a la reforma. Pero la habrá, sin lugar a ninguna duda.
LA RESISTENCIA
Por haber hecho las cosas mal desde el principio (desde las consultas facciosas, parciales e interesadas, a la críptica inclusión de artículos, incisos y párrafos en una ley que debió inexcusablemente «fijar las materias») el gobierno se enfrenta ahora a un escenario que de ningún modo esperaba.
Aunque la reforma del gobierno ofrezca el caramelo de la «limitación de las reelecciones consecutivas» para algunos cargos, aunque ofrezca (siempre en el plano teórico) equilibrar la estructura y funcionamiento de la Auditoría de la Provincia, los ciudadanos van a resistir la reforma, y sin complejos ni remordimientos de ninguna naturaleza, pues lo harán convencidos plenamente de que el rechazo es, por lejos, una actitud mucho más democrática y libertaria que la mezquina y misteriosa reforma propuesta por el gobierno.
Y -ya sabemos- lo peor que puede haber para la convivencia pacífica es una reforma constitucional «tironeada» en la que las cuestiones se deciden por la fuerza del número y no por la fuerza de la razón democrática.
Porque de lo que se trata en el fondo -y ya casi todo el mundo lo sabe- es de blindar los poderes absurdos y desproporcionados de los actuales jueces de la Corte de Justicia de Salta, para asegurar la impunidad a largo plazo de los poderosos que gobiernan o han gobernado y para que el progreso social sea imposible en Salta en los próximos 50 años.
Autor: Luis Caro Figueroa , Noticias Iruya.com
