Cabe recordar que el 11 de agosto se inició una acción de amparo contra el Máximo Tribunal de la Provincia de Salta por negarse a brindar información sobre los sueldos de los jueces que la integran, impulsada por el abogado y director del sitio Salta Transparente, Gonzalo Guzmán.
La demanda fue interpuesta con el patrocinio letrado de Roque Rueda ante el Juez Leonardo Aranibar, Vocal de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y tramita bajo la caratula “Guzmán Coraita Gonzalo c/ Poder Judicial de Salta – Corte de Justicia de Salta s/ Amparo” (Expte. 710.331/20)
Como también se dijo antes, este juicio no sólo interesa por su objeto – conocer información que es evidentemente pública sobre lo percibido por los Jueces de Corte – sino porque constituye una oportunidad para testear cómo funciona el sistema.
Se trata de constatar si un ciudadano tiene alguna posibilidad real de ejercer razonablemente su derecho a la tutela judicial cuando demanda al propio Poder Judicial. De averiguar hasta qué punto se convierten en obstáculos infranqueables las actitudes corporativas y el temor – reverencial o de cualquier otra índole – frente a quienes ocupan la cúpula de este poder.
ASI EMPEZÓ EL JUICIO CONTRA LA CORTE
El Juez resolvió que la Corte no sea notificada de la demanda
Los primeros pasos del juicio, por ahora, nos han sorprendido. El Juez del amparo, Dr. Leonardo Araníbar, en su primer decreto, decidió correr traslado de la demanda no a la Corte, que es la autoridad demandada, sino al Fiscal de Estado. Fundó su decisión en el hecho de que se encuentra demandado un poder del Estado Provincial y que por ende es el Fiscal de Estado quien debe responder.
Solicitamos al Juez que ordene notificar a la Corte la interposición de nuestra demanda –
Los próximos pasos
Solicitaremos al Juez que resuelva expresamente, por sí o por no, si se correrá traslado de nuestra demanda a la Corte.
Como decimos, los pasos que viene dando hasta ahora el juicio son, por lo menos, sorpresivos. La Corte de Justicia es el órgano máximo de un poder del Estado. El objeto de la acción atañe a cuestiones privativas de la propia Corte, no a intereses ni bienes del Estado. Resulta extrañísima la reticencia a correrle traslado.
Seguiremos informando.
N.B: El texto completo de la demanda iniciada contra la Corte de Justicia de Salta puede leerse aquí
Fuente: Salta Transparente de Gonzalo Guzmán
