En un hábeas corpus colectivo planteó la salida regulada de presos por entender que existe una situación de tortura permanente en las cárceles provinciales. Impulsa una audiencia entre el Poder Judicial, el ministerio de Desarrollo y la Iglesia para generar la contención social necesaria.
El abogado Oscar Rodríguez es el letrado que patrocina a la Asociación Civil La Cantora. Explicó a este medio que el objetivo es “lograr una audiencia con el tribunal conjuntamente con los Ministerios del caso, más el de Desarrollo Social, solicitar una articulación con el Estado para acompañar a los liberados de manera que la ‘seguridad’ que tanto preocupa a los magistrados y a gran parte de la sociedad también tenga una respuesta”.
El letrado explicó que “el Estado paga un dinero importante por cada detenido, ese dinero podría ir a las familias de los detenidos. La cuarentena barrial también otorgaría seguridad en tanto están controlados por las fuerzas de seguridad en sus límites. Lo entendemos también como un gran paso concreto en la ‘democratización del Poder Judicial’ en tanto lo convocamos a dialogar con ‘la Academia’ pero también con las organizaciones sociales del pueblo”.
Uno de los aspectos más resonantes del amparo apunta a determinar que el actual estado de hacinamiento carcelario conjugado con la deficiente infraestructura pone en estado de tortura permanente a las personas en conflicto con la ley Penal.
Según se detalla en el expediente “la práctica sistemática de tortura que genera condiciones de sobrevida y otras violencias penitenciarias que vulneran los derechos humanos se combinan para provocar el peor resultado de la cárcel: la muerte evitable. Entre 2008 y 2018 se produjeron 1.484 muertes en el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, lo que equivale a un promedio de 135 muertes por año y 11 por mes; 1.424 eran varones, 57 mujeres y 3 trans”.
