Así lo anunció el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde precisó que queda efectivo el traspaso a partir de hoy del Corredor Vial Número 3, que estaba en manos de la concesionaria Autovía Buenos Aires a Los Andes.
A su vez agregó que se traspasarán otros cuatro en los próximos cinco meses, que serán administrados por Corredores Viales Sociedad del Estado, a cargo de Gonzalo Atanasoff.
En este orden, el Corredor Vial Número 2, a cargo de Corredor Integración Pampeana, pasará a la órbita estatal a partir del 29 de febrero; mientras que el Número 6, de Caminos del Paraná, el 31 de marzo; el Número 8, que operaba Corredor Central, el 30 de abril, y el Número 4, bajo concesión de Carreteras Centrales de Argentina, a partir del 31 de mayo.
***
Estabilidad laboral para los trabajadores
Según confirmaron a Télam, el traspaso incluirá a los más de 1.200 empleados que trabajan en las cinco concesiones que, en el corto y el mediano plazo, pasarán a cumplir funciones dentro de la estructura estatal de la empresa Corredores Viales.
“Estas concesiones tuvieron un costo en subsidios en el 2019 de $ 5.800 millones. En los últimos cuatro años, de $ 18.000 millones. Quiere decir que además del costo del peaje hay un costo adicional para el Estado que es el costo de estos subsidios”, afirmó Katopodis, acompañado por Atanasoff y Gustavo Arrieta, el flamante director de Vialidad Nacional.
Explicó que “son corredores donde en general el mantenimiento ha sido deficitario y donde no ha habido ninguna obra importante, como la repavimentación o la mejora de estos caminos y de estas rutas”.
En ese sentido, sostuvo que el objetivo del Gobierno es “poner en marcha un modelo que priorice el interés público sobre el privado y que maximice el mantenimiento de las rutas” a partir de la recuperación del “rol del Estado y de Vialidad” como administrador de estos caminos y rutas que habían sido gestionados de manera “absolutamente deficientes” por sus sus concesionarios privados.
***
Auditorías en toda la Obra Pública
También precisó que han sido ordenadas auditorías “en cada una de las áreas” del Ministerio de Obras Públicas, porque la situación heredada del gobierno de Mauricio Macri “es realmente grave”, por el “endeudamiento, la parálisis de las obras, el modelo de negocios y la decisión de privatizar y reducir al mínimo la capacidad de regulación del Estado en el control de este tipo de concesiones”.
“Son 40.000 kilómetros los que administra Vialidad y hasta el día de hoy 9.000 estaban concesionados. De esos 9.000 que estaban concesionados, 3.200 son los que en los próximos cinco meses van a pasar a administración de Vialidad Nacional porque estamos convencidos de la capacidad del Estado”, agregó el ministro.
Garantizó además que los subsidios y la recaudación de los peajes serán “reinvertidos” por el Estado en el mantenimiento de las rutas para obtener “mejores resultados que los que tuvimos en estos cuatro años”, al tiempo que señaló que hay un grado de “ilegalidad” en la renovación de aquellas concesiones que firmó el gobierno de Macri en 2017.
“Estamos haciendo las auditorías para saber cuál fue el destino de los $ 18.000 millones que a los argentinos les salió el mantenimiento de estas concesiones, siendo que en general en cada uno de estos corredores y cada una de estas rutas no encontramos ‘a priori’ la realización de obras y del mantenimiento correspondiente que acredite el impacto de esos recursos en este tipo de inversiones”, afirmó Katopodis.
Al respecto, no descartó que su cartera impulse presentaciones judiciales luego de concluir los cinco traspasos,y precisó que se van “a revisar cada una de estas concesiones y tomar las decisiones más inteligentes”.
“Algunas de esas concesiones ya están judicializadas. Iremos viendo qué va dictaminando la Justicia y cuál es el resultado de las auditorías y tomaremos las decisiones correspondientes en cada uno de los tramos y de las concesiones que ameriten que el Estado resuelva”, afirmó el ministro.
***
El alcance de la medida
Los cinco corredores viales de los que se hará cargo progresivamente durante este año el gobierno nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, representan en conjunto una traza de más de 3.000 kilómetros de una docena de rutas y autovías que atraviesan 11 provincias argentinas.
El funcionamiento de esa infraestructura vial, que en total suma 3.208,38 kilómetros en situación de deterioro y cuyas concesionarias registran incumplimientos en sus obligaciones contractuales, será administrado por la empresa estatal Concesiones Viales.
El primero de esos corredores, el número tres, que tiene 797,83 kilómetros de las rutas 9 y 34, pasó a gestión estatal desde el primero de este mes, en tanto el número 2, que comprende 90 kilómetros de la ruta 188, entre Junín y Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, se transferirá el 1 de marzo venidero.
El corredor vial número 6, que abarca 958,34 kilómetros en jurisdicción de Misiones, Corrientes y Chaco, se estatizará a partir del 1 de abril; el número 8, que recorre 687,95 kilómetros de San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, a partir del 1 de mayo; y el último será el número 4, de 664,25 kilómetros ubicados en Córdoba y Santa Fe, a partir del 1 de junio.
Las tareas inmediatas a realizar en esos tramos de rutas serán mejorar de forma integral los caminos; adquirir maquinarias y optimizar obradores; maximizar la satisfacción del usuario; modernizar el sistema de señalización; implementar programas de desarrollo y formación del personal, entre otras.
Estos trabajos se articularán con el Plan “Argentina Hace” del Ministerio de Obras Públicas, que generará nuevos puestos de trabajo, a nivel local, para el pintado de edificios, puentes y pasos peatonales y columnas de iluminación; la limpieza de instalaciones, zanjas y desagües; así como la forestación y mantenimiento de espacios de descanso.
