Al amedrentamiento a los asilados en la embajada de México en La Paz, se suma ahora la detención ilegal y arbitraria por la policía de la ciudadana FLORENCIA TONCONI, apoderada legal de Juan Ramón Quintana, quien fuera a cobrar su salario por medio de una CARTA PODER, un derecho protegido constitucionalmente.
Esta es otra prueba de la ferocidad persecutoria y la violación flagrante de los Derechos Humanos de los bolivianos.
Pedimos la intervención de la CIDH para verificar la continuidad de suspension y avasallamiento de los Derechos Constitucionales.
