Las Cámaras del Tabaco de Salta y Jujuy presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación dos recursos de queja contra la compañía tabacalera Sarandí, en el marco de un proceso iniciado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Ambas cámaras denuncia una situación de “gravedad institucional”, en la que esta compañía está “eximida de tributar el impuesto mínimo fijado por la Ley 27.430 para la comercialización de atados de cigarrillos, como consecuencia de una medida cautelar”, situación que le permite vender sus productos a un precio 21% más bajo que sus competidores.
En un comunicado, los productores denunciaron que “no solo genera un perjuicio al fisco, sino que afecta la recaudación del primer eslabón de la cadena y genera un marco de competencia desleal con el resto de las empresas, ya que se que termina por orientar al público consumidor a adquirir las marcas que menos tributan porque pueden ofrecer precios más bajos”.
Salta y Jujuy producen anualmente unas 35.000 hectáreas de tabaco, sobre un total de 64.000 que se cultivan en el resto de las cinco provincias tabacaleras de la Argentina.
Los productores afirman que “el ingreso económico de la actividad tabacalera en ambas provincias está integrado por el precio que el productor percibe por las ventas de su cultivo, como así también de los ingresos que recibe del Fondo Especial del Tabaco (FET), integrado con el 7% del precio total de venta al público de cada paquete de cigarrillos”.
Los productores tabacaleros estimaron que “las economías regionales del norte dejan de percibir más de 2.000 millones de pesos anuales en concepto de Fondo Especial del Tabaco, como consecuencia de la medida que beneficia a la empresa cigarrillera”.
–
Fuente: TN
