El informe pericial que da cuenta de la realización de prácticas de inteligencia ilegal en Argentina y en otros dos países fue realizado a pedido del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa que se sigue contra D´Alessio por el delito de asociación ilícita por extorsión a un empresario agropecuario, a quien le exigía 300 mil dólares a cambio de desvincularlo a la causa en que se investiga el pago de sobornos en obra pública a raíz de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
Según un comunicado de prensa de la CPM, se pudo establecer “el acceso a información sensible no pública de organismos estatales, la realización de seguimientos y las denominadas técnicas de ablande, con el objeto de coaccionar personas para posibles actos extorsivos“.
Con la sospecha de que podría realizarse espionaje y con con la experiencia de la la CPM, que desde hace 18 años custodia e investiga los archivos de inteligencia de la Policia Bonaerense y que desarrolló programas que siguen las acciones y estructuras de inteligencia estatal y paraestatal, Ramos Padilla pidió a la CPM que analice la información secuestrada en la casa de D’Alessio, en la causa en la que también quedó implicado el fiscal federal Carlos Stornelli, con quien el el falso abogado decía actuar en connivencia.
La CPM concluyó que D`Alessio “desplegó tareas de inteligencia en tanto existen pruebas suficientes que indican que de manera planificada recopiló, procesó, analizó y sistematizó información con enunciados fines tácticos o estratégicos. El ciclo de inteligencia realizado contuvo una planificación, una fase operativa de reunión informativa, un análisis de la información recolectada, su sistematización y la posterior difusión a los destinatarios de dicha actividad de inteligencia”.
Además, afirmó que “el fondo documental contiene indicios de que estas tareas de inteligencia culminaban con la remisión del producto a las personas a quienes reportaba, referidas a contactos con agencias de inteligencia nacionales y extranjeras o con actores del Poder Judicial de la Nación”.
Entre los numerosos indicios de inteligencia ilegal la CPM ennumera la “realización de tareas de inteligencia e investigación criminal sin la debida formalización en el marco de causas concretas bajo jurisdicción de una autoridad judicial; obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos de personas por su opinión política y/o pertenencia partidaria y/o por su actividad lícita y realización de actividades de inteligencia con el objetivo de influir en la vida personal, en la situación institucional, política y económica del país y en su política exterior, así como en la opinión pública a través de los medios de comunicación”.
Además, se informó que “se llevaron a cabo la captación de comunicaciones, el acceso al registro de migraciones y el acceso a información estatal y privada reservada, todo esto sin la debida autorización judicial y por lo tanto por fuera de la ley”.
Según advierte la pericia preliminar, pertenezca D’Alessio a alguna agencia estatal de inteligencia o seguridad, o no, las actividades registradas “configuran hechos que vulneran la institucionalidad democrática y los principio republicanos del estado de derecho. En la primera hipótesis por el accionar de agencias estatales por fuera de la ley. En la segunda, por la absoluta endeblez y negligencia de un sistema que debería haber detectado y alertado sobre tales prácticas”.
En sus conclusiones, la CPM recomienda que “deben investigarse de manera exhaustiva estos hechos que no son aislados y en cuyo desarrollo aparecen implicados organismos estatales y judiciales que generan estructuras paralelas a las del estado”.
