Ocho integrantes de comunidades wichí de Coronel Cornejo, en el departamento San Martín, Salta, permanecen detenidos e imputados por el delito de “robo en despoblado y en banda”, luego de haber ingresado a una finca para retirar maíz que había quedado descartado tras la cosecha.
El caso generó preocupación entre integrantes de las comunidades originarias, que reclaman la liberación de los detenidos y cuestionan el tratamiento judicial de una situación vinculada, según sostienen, con la necesidad de acceder a alimentos.
De acuerdo con la acusación, los hombres habrían ingresado al establecimiento rural y retirado alrededor de 15 bolsas de mazorcas. Sin embargo, desde las comunidades sostienen una versión diferente: aseguran que contaban con autorización para ingresar al campo una vez finalizada la cosecha y recoger el maíz que había quedado en el lugar y que ya no sería utilizado.
Los integrantes de las comunidades llevan varios días privados de su libertad mientras avanza la investigación. La situación también puso nuevamente en discusión las condiciones de vulnerabilidad que atraviesan algunas familias de comunidades originarias de la zona y el acceso a alimentos.
Uno de los imputados fue liberado debido a que padece tuberculosis, mientras que los demás continúan detenidos a disposición de la Justicia. La comunidad reclama que se revise la medida y que se tenga en cuenta el contexto en el que ocurrieron los hechos.
El caso vuelve a poner en debate la relación entre pobreza, acceso a los alimentos, derechos de los pueblos originarios y respuesta del sistema judicial, especialmente en territorios donde las comunidades denuncian dificultades económicas y sociales.
La Justicia deberá determinar ahora cómo continúa el proceso y establecer qué ocurrió efectivamente en el establecimiento rural, mientras las comunidades esperan una resolución sobre la situación de los detenidos.
El caso permanece bajo investigación y las acusaciones deberán ser acreditadas en el marco del proceso judicial.
