La magistrada Marta Elba Pascual explicó por qué decidió suspender por 60 días la nueva legislación que disminuye la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. Además, se definió como garantista y afirmó que le parece “pésimo” que los menores estén enrejados.
La jueza Marta Elba Pascual habló por primera vez después de firmar el fallo que suspendió por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil que comenzó a regir este lunes. La magistrada justificó la decisión por la falta de infraestructura y recursos para aplicar la ley.
En diálogo con Now 97.9, la jueza remarcó que le parece “pésimo” que haya menores de 18 años que están tras las rejas y agregó: “No romantizo con los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”.
“Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, añadió la magistrada.
Este lunes se conoció que la magistrada hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo que presentó la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio “de los adolescentes que se encuentran privados de su libertad”.
El eje central de la resolución judicial radica en la falta de infraestructura y de recursos materiales del Estado provincial para absorber el incremento de jóvenes que ingresarán al sistema penal. La nueva legislación disminuye la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, lo que permite procesar judicialmente a jóvenes de esa franja etaria por los delitos tipificados en el Código Penal.
Pascual fue explícita en un punto que podría parecer contradictorio: aclaró que no está en desacuerdo con la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de que los adolescentes cumplan sus penas en condiciones que potencien su agresividad. “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, señaló.
En tanto, la magistrada reconoció que, en general, las víctimas le piden que los responsables “se pudran” en prisión. Ante eso, su respuesta es que debe aplicar la ley vigente. “Por un lado, tengo que escuchar a la víctima. Por el otro, tengo la obligación de intentar devolverle a la sociedad un chico que no tenga esa agresividad que el encierro potencia”, explicó.
Pascual también rechazó el argumento de que suspender la ley equivale a desproteger a las potenciales víctimas. Señaló que en la provincia de Buenos Aires, por la ley procesal vigente, los jueces de garantías ya tienen facultades para privar de libertad a adolescentes de entre 14 y 16 años, y que actualmente hay alrededor de 100 menores de esa franja etaria detenidos en el territorio bonaerense.
La resolución judicial desató reacciones inmediatas desde el Gobierno nacional. La senadora y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, una de las impulsoras de la legislación, escribió en sus redes sociales que la provincia de Buenos Aires tiene “una justicia provincial garantista que deja libres a los chicos para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”. También apuntó contra el gobernador Axel Kicillof, a quien acusó de ponerse “del lado de los delincuentes”.
Ante las críticas, Pascual respondió: “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquilamente”.
El objetivo que planteó para el período de suspensión es concreto: que en esos 60 días los poderes del Estado se sienten a acordar quién será el supervisor de cada joven, con qué recursos contarán los centros de detención y cómo se implementarán las medidas alternativas que la propia ley contempla. “Lo que pido es que nos pongamos todos de acuerdo y no que, si no pasa nada, sea solo encerrarlo, o que haya provincias donde están haciendo una pared y mandándolos a la cárcel común”, advirtió.
