Para evitar una derrota legislativa, el oficialismo retiró el capítulo más resistido sobre la compra de tierras por extranjeros. Sin embargo, el paquete de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada mantiene una reforma de 48 artículos que acelera desalojos, modifica la Ley de Manejo del Fuego y endurece las expropiaciones.
Ante la falta de los votos necesarios para aprobar la flexibilización en la venta de tierras rurales a corporaciones y personas extranjeras, el oficialismo decidió amputar dicho capítulo del megaproyecto. Pese a este repliegue estratégico, la iniciativa principal —conocida como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada— llegará este jueves al recinto de la Cámara Alta con un articulado de peso.
El proyecto, impulsado originalmente por el Ejecutivo y defendido por la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich, conserva modificaciones sustanciales en materia de dominio, posesión y uso de bienes.
Los puntos centrales que se debaten en el Senado:
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Desalojos más rápidos: El texto agiliza fuertemente los procesos judiciales para la recuperación de inmuebles. Las causas pasarán a tramitar por una vía expedita y se habilitará a los jueces a ordenar la restitución de la propiedad antes de que finalice el juicio si consideran acreditado el derecho del propietario. Si bien se incorporaron salvaguardas para familias con niños, personas mayores o con discapacidad, organizaciones y críticos advierten que deja a inquilinos y ocupantes con margen mínimo de defensa.
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Flexibilización en tierras incendiadas: La normativa modifica la Ley de Manejo del Fuego al eliminar restricciones vigentes y limitar la protección ambiental a un grupo más reducido de terrenos. Con esta modificación, el oficialismo apunta a despejar el camino para futuros emprendimientos comerciales en zonas afectadas por incendios, debilitando el espíritu de la herramienta original creada para desalentar siniestros intencionales.
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Endurecimiento y encarecimiento de expropiaciones: Hasta el momento, cuando el Estado requería un inmueble por utilidad pública (para construir rutas, escuelas u hospitales), debía indemnizar al propietario por el valor de mercado del bien. La nueva normativa amplía las exigencias e incorpora al monto indemnizatorio el concepto de lucro cesante (las ganancias futuras que el dueño aduzca haber perdido). Los sectores críticos señalan que esto obstaculizará e encarecerá de forma drástica la obra pública.
Con el foco puesto en reducir la intervención estatal y blindar el derecho de propiedad bajo la óptica libertaria, el debate en el Senado promete una sesión caliente cruzada por fuertes cuestionamientos de la oposición respecto al impacto social de las medidas.
