El frente judicial de los hermanos Manuel y Francisco Adorni suma tensión. El juez federal Daniel Rafecas ordenó nuevas medidas de prueba contra el diputado libertario bonaerense en la causa por presunta falsificación de declaraciones juradas. En paralelo, avanza la investigación por la sospechosa entrega de un crédito de 40.000 millones de pesos a una obra social de las Fuerzas Armadas y estalla un conflicto por la custodia del exjefe de Gabinete en Indio Cuá.
El paso por la gestión pública sigue generando severos dolores de cabeza para los hermanos Adorni. Manuel Adorni, exjefe de Gabinete y actual foco de investigaciones, y su hermano menor, Francisco Adorni, continúan sumando fojas y complicaciones en los tribunales de Comodoro Py.
En las últimas horas, las novedades judiciales impactaron directo en las defensas de ambos, con el pedido de medidas de prueba clave y nuevas denuncias que vinculan desde el manejo multimillonario de fondos de las Fuerzas Armadas hasta irregularidades con custodias policiales.
Francisco Adorni, a un paso de la indagatoria
El juez federal Daniel Rafecas ordenó activar nuevas medidas de prueba enfocadas en la evolución patrimonial de Francisco Adorni, actual diputado bonaerense por La Libertad Avanza. La decisión funciona como la antesala de una eventual declaración indagatoria, que ya fue solicitada formalmente por el fiscal federal Guillermo Marijuán.
La fiscalía acusa a Francisco Adorni de “omisión maliciosa” y falsedad ideológica al introducir supuestos datos falsos en sus declaraciones juradas patrimoniales.
“Nos hallamos frente a un experto en la materia”, dictaminó el fiscal Marijuán, recordando el perfil de contador público del imputado. Para la justicia, Adorni alteró los números de sus pasivos y sumó de forma repentina una millonaria herencia compartida con su hermano para intentar justificar un acelerado incremento en sus bienes, incompatibles con sus ingresos históricos.
El escándalo de los $40.000 millones en la obra social militar
El frente para el menor de los Adorni no se agota allí. Tras una reciente resolución de la Cámara de Apelaciones, el juez Sebastián Ramos concentrará de forma unificada otra pesada denuncia penal que lo salpica directamente y que fue impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano.
La acusación apunta a su desempeño previo como presidente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), organismo dependiente del Ministerio de Defensa:
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Se investiga un presunto entramado de administración fraudulenta y malversación de caudales públicos en torno a un préstamo excepcional de 40.000 millones de pesos otorgado al IOSFA (la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad).
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El IOSFA terminó quebrado, con deudas multimillonarias a prestadores, medicamentos cortados y un proceso de disolución forzosa mediante DNU, mientras los fondos previsionales de los militares quedaron gravemente expuestos bajo la gestión investigada.
Manuel Adorni y el misterio de la custodia en “Indio Cuá”
Por su parte, el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un capítulo insólito a su propio expediente por presunto enriquecimiento ilícito. El escándalo estalló luego de que la diputada Pagano denunciara públicamente maniobras de encubrimiento dentro de las fuerzas de seguridad.
Según la legisladora, la cúpula de la Gendarmería Nacional dio órdenes estrictas para que no se emitan más informes ni se deje constancia sobre el operativo de custodia oficial que se le brinda al exfuncionario en el country Indio Cuá.
“¿Por qué tanto secreto? Porque cuidan gratis a un particular investigado por enriquecimiento ilícito. Lo denuncié y ahora lo tapan. Voy a seguir exponiendo a la casta y sus negociados”, fustigó la diputada a través de sus plataformas.
Mientras las sospechas por la cancelación exprés de un crédito hipotecario de 60 millones de pesos y conferencias pagadas en el exterior siguen bajo la lupa, el cerco de Comodoro Py sobre el clan Adorni parece estrecharse cada vez más.
