El debut fuera de la Casa Rosada no comenzó bien para el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. A su reciente salida del Gobierno se le suma ahora un frente judicial cada vez más complicado en los tribunales de Comodoro Py. Una reciente filtración de audios y la declaración de una exsubordinada exponen un presunto mecanismo para ocultar gastos personales utilizando tarjetas de crédito de empleados públicos.
El “festival de gastos” y la consola oculta
Según consta en la investigación judicial, en agosto de 2025 —tres meses antes de asumir como jefe de Gabinete—, Adorni adquirió un monitor Samsung Smart de alta gama con consola Xbox integrada por un valor de $2.184.999,05. El destino de la compra era el playroom de su propiedad en Indio Cuá, una refacción por la que pagó 245.000 dólares en efectivo.
Sin embargo, el dato que encendió las alarmas de la Justicia no fue el gasto en sí, sino el método de pago:
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Uso de tarjetas de terceros: Adorni habría utilizado una tarjeta de crédito vinculada a su cuenta de Mercado Pago que pertenecía a Laura Schiuma, entonces funcionaria de la Vocería Presidencial.
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Declaración testimonial: Este lunes, Schiuma declaró ante la Justicia y confirmó que su antiguo jefe le devolvió luego el monto exacto en efectivo.
La hipótesis de los investigadores apunta a que el exfuncionario utilizaba de forma sistemática a sus subordinados para evitar que los consumos suntuosos quedaran registrados a su nombre. Bajo este mismo modus operandi se habrían adquirido también sábanas de lujo y otros bienes de uso personal.
Presión a los testigos: la filtración del teléfono de Tabar
El panorama judicial del exvocero se agravó tras una pericia al teléfono celular de otro de sus colaboradores de confianza, de apellido Tabar. Las filtraciones demuestran que desde el entorno de Adorni se intentó ofrecer “soporte” y contención a los testigos clave de la causa, una maniobra que la querella y la oposición interpretan como un claro intento de desvío o entorpecimiento de la investigación.
Mientras la oposición presiona en el Congreso para exigir la renuncia de los más de 240 funcionarios nombrados bajo su órbita, en los pasillos de tribunales ya se evalúan pedidos de medidas restrictivas urgentes, complicando el escenario del exfuncionario a apenas horas de haber abandonado formalmente su despacho.
