Las sub-concesionarias del transporte metropolitano alertaron que, si no se regularizan los pagos pendientes, comenzarán a reducir servicios desde el 1 de junio.
Las empresas que operan el transporte automotor de pasajeros en el área metropolitana de Salta advirtieron que podrían aplicarse recortes graduales en los servicios nocturnos y durante los fines de semana a partir del próximo 1 de junio, debido a la falta de pago de certificados por parte de SAETA.
A través de un comunicado formal enviado a la empresa estatal, las sub-concesionarias señalaron que atraviesan una situación financiera “de extrema complejidad” que afecta la operatividad diaria y pone en riesgo la continuidad del servicio.
Según detallaron, desde octubre de 2025 vienen soportando una reducción de kilómetros recorridos y, tras un nuevo ajuste aplicado en marzo de este año, la caída acumulada alcanza el 12%, impactando de manera directa sobre los ingresos proyectados y el mantenimiento de las unidades recientemente incorporadas.
Las empresas remarcaron que actualmente SAETA adeuda más del 60% del certificado correspondiente a abril, situación que dificulta la compra de combustible, el pago a proveedores y el cumplimiento de obligaciones financieras.
El conflicto se profundizó luego de una reunión mantenida entre empresarios y directivos de SAETA, en la que participaron la vicepresidenta María Laura Montarcé, la directora Paula Majul, el gerente general Claudio Juri y el gerente técnico José Sajia. Según indicaron fuentes del sector, durante el encuentro la empresa estatal reconoció no contar con recursos suficientes para cancelar la deuda pendiente.
Entre las firmas presentes estuvieron Tadelva SRL, El Cóndor S.A., San Ignacio SRL, Ale Hnos SRL, Transal SRL, Alto Molino SRL y Ahynarca S.A.
Los operadores señalaron que, de no concretarse la regularización antes de finalizar mayo, comenzarán con un esquema de reducción progresiva que afectará inicialmente los horarios nocturnos y luego se extenderá a los fines de semana.
Además, advirtieron que la situación podría impactar especialmente en trabajadores y estudiantes que dependen del transporte público en horarios críticos.
Las empresas sostuvieron que la medida busca preservar al menos las prestaciones mínimas del sistema mientras se normaliza la situación financiera y reiteraron que la sostenibilidad del servicio depende del cumplimiento de los pagos establecidos en los contratos de concesión.
