Desde el 4 de mayo rige en la provincia la Ley N° 8.520, que moderniza el funcionamiento de la justicia penal con procesos más ágiles, orales y transparentes.
La provincia de Salta puso en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, aprobado mediante la Ley N° 8.520, completando la transición hacia un sistema acusatorio y adversarial iniciado en 2011.
La implementación será progresiva: comenzará en el Distrito Judicial del Centro y se extenderá posteriormente a los distritos del interior provincial.
El nuevo esquema redefine los roles dentro del proceso penal. El Ministerio Público Fiscal asume la investigación y la acusación, mientras que el juez se limita a la función de juzgar, lo que apunta a garantizar mayor imparcialidad y celeridad en las resoluciones.
El sistema se regirá por principios como oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad y desformalización, buscando procesos más dinámicos y accesibles.
Entre las principales innovaciones se destacan la oralidad plena, audiencias grabadas para garantizar transparencia, plazos máximos según la complejidad de los casos y la incorporación de herramientas modernas de investigación, como agentes encubiertos y acuerdos de colaboración.
Además, se crea la Oficina Judicial, destinada a optimizar la gestión administrativa de causas, y se implementa un sistema de apelaciones horizontales para agilizar la revisión de decisiones.
En paralelo, se avanza en la digitalización del sistema con una plataforma tecnológica unificada que permitirá la interoperabilidad entre jueces, fiscales y defensores. La Carpeta Judicial Digital y el registro audiovisual de audiencias reemplazarán al expediente en papel.
La entrada en vigencia de este nuevo marco normativo representa un cambio estructural en la justicia penal salteña, orientado a lograr un servicio más eficiente, transparente y cercano a la comunidad.
