El máximo tribunal penal federal del país hizo lugar a un planteo de la defensa del ex Presidente, anuló la resolución que confirmó el procesamiento y ordenó dictar una nueva.
La Cámara Federal de Casación anuló por mayoría este miércoles la resolución de un tribunal intermedio de apelaciones que confirmó el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros y ordenó dictar una nueva decisión.
Lo resolvieron dos de los tres jueces de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país en la causa penal donde Fernández estaba hasta ahora con procesamiento confirmado por supuestas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, según el fallo al que tuvo acceso Infobae.
Coincidencia fiscalía y defensa
Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo hicieron lugar a un planteo de la defensa, con disidencia del juez Gustavo Hornos y anularon la confirmación del procesamiento al ex presidente. Lo hicieron porque el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Aguero Iturbe, postuló en una audiencia previa que debía dictarse la falta de mérito y profundizar la investigación con más medidas de prueba, en coincidencia con la defensa. Se trata de nuevas declaraciones de testigos que ya fueron ordenadas.
Ante ello, el voto mayoritario resolvió anular el fallo de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento y el embargo de bienes por la suma de $ 14.634.220.283,68. Se recordó que el fiscal ante la Cámara Federal porteña sostuvo que “no existían elementos de prueba suficientes para mantener el procesamiento Alberto Ángel Fernández y solicitó expresamente que se lo revocara y se dictara la falta de mérito respecto del nombrado”. Pese a ello, la sala II del Tribunal intermedio de apelaciones confirmó el procesamiento. Ante esta circunstancia, la defensa del ex presidente argumentó que hubo una “afectación al principio acusatorio y al debido proceso”.
En su voto el juez Borinsky remarcó que “no existió controversia entre las partes -defensa de Alberto Ángel Fernández y Ministerio Público Fiscal actuante ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal- en cuanto al temperamento a adoptar respecto de su situación procesal”, es decir, el planteo para revocar el procesamiento.
En base a ese razonamiento al que adhirió el juez Javier Carbajo se concluyó que la Cámara Federal “se apartó de la postura expresamente solicitada por la fiscalía ante esa instancia y la defensa, no controvertida en la audiencia”.
El desacuerdo del juez Hornos
En disidencia, el juez Hornos postuló por declarar inadmisible el recurso y dejar así firme el procesamiento por no tratarse de una sentencia definitiva. Por otro lado, destacó que el fiscal general ante Casación, Raúl Pleé, se manifestó por rechazar el planteo de la defensa del ex presidente. En ese sentido, sostuvo que debía tenerse en cuenta este último dictamen y no el del fiscal de la instancia anterior. El dictamen de Pleé, fundado en la unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal y en la necesidad de investigar delitos de corrupción estatal, permitía descartar la lesión al principio acusatorio y justificaba declarar inadmisible el recurso sin avanzar hacia la anulación, argumentó Hornos.
El juez sostuvo que el procesamiento dictado sin prisión preventiva y confirmado por la Cámara de Apelaciones se encontraba “suficientemente fundado en derecho y en las constancias de la causa”, en relación con los hechos investigados. En ese sentido, destacó que la decisión se apoyó, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, en la existencia de un supuesto esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales.
En esa línea, Hornos subrayó que esa valoración había sido además “avalada en forma razonada por el acusador público” ante Casación.
Qué se investiga
La causa investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por organismos del Estado a partir del Decreto 823/2021, que centralizó esas operaciones en Nación Seguros S.A.. Según la pesquisa, el esquema habría permitido la intervención de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las de mercado y posible perjuicio estatal.
El anterior juez del caso, Sebastián Casanello, procesó ya a ex funcionarios del gobierno de Fernández, brokers y otros implicados, entre ellos Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidente y esposo de su ex secretaria privada, María Cantero, también procesada en la causa penal que ahora quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo como subrogante del juzgado federal 11 y del fiscal Carlos Rívolo. En cuanto a la situación de Fernández, los investigadores comenzaron ya a tomar nuevas declaraciones de los testigos propuestos por su defensa.
