Auditoría detecta irregularidades en Fundaltes por fondos de un convenio con Banco Patagonia.
La Universidad Nacional de Salta quedó en el centro de un escándalo institucional tras conocerse una auditoría que detectó irregularidades en el manejo de al menos $634.316.754 de fondos públicos. Según las actuales autoridades, ese dinero debía ingresar a la universidad, pero terminó siendo administrado por una fundación privada vinculada a la institución.
El dato surge de un informe sobre la Fundación de Altos Estudios (Fundaltes), una entidad con personería jurídica propia pero estrechamente ligada a la UNSa. Allí se determinó que $200 millones provenientes del canon que paga el Banco Patagonia —agente financiero de la universidad— fueron transferidos a la fundación, donde se invirtieron y generaron $434.316.754 en intereses.
“La primera observación es por qué ingresó esta plata a Fundaltes y no a la universidad”, señaló el secretario general, Alberto Mariscal, quien fue más contundente: “A mi entender, hubo un desvío de fondos”.
Uno de los puntos clave es la relación entre la universidad y la fundación. Mariscal remarcó que se trata de dos personas jurídicas distintas: una pública y otra privada. Sin embargo, en la práctica existe una superposición de roles, ya que autoridades de la UNSa —como el rector, la vicerrectora y el secretario administrativo— también integran la conducción de Fundaltes.
Desde el área jurídica, el secretario Daniel Mansilla explicó que la Ley de Educación Superior permite a las universidades crear fundaciones para generar recursos. No obstante, advirtió: “El problema es que, en lugar de captar fondos externos, en este caso se utilizaron recursos de la propia universidad para administrarlos por fuera”.
El núcleo del caso
El punto más sensible del informe es el origen de los $200 millones, correspondientes al canon del Banco Patagonia. Según la auditoría, ese dinero fue acreditado en Fundaltes el 1 de agosto de 2023, durante la gestión anterior.
A partir de entonces, los fondos fueron colocados en instrumentos financieros —como plazos fijos y fondos comunes—, generando intereses hasta alcanzar los $634 millones actuales. “Ese es el total que terminó en la fundación en lugar de ingresar a la universidad”, sostuvo Mariscal.
El impacto es significativo en un contexto financiero complejo: la UNSa arrastra un déficit superior a los $3.000 millones, que podría superar los $4.000 millones en 2026.
La auditoría también detectó irregularidades en el uso de esos recursos. Uno de los casos más concretos es el pago de US$15.000 a una empresa de Córdoba para desarrollar una página web institucional que, según la actual gestión, nunca se realizó. “¿Cómo puedo pagar un servicio que no fue prestado?”, cuestionó Mariscal, y agregó: “Ya no se trata solo de mala gestión, sino de posibles ilícitos”.
El pago fue autorizado el 8 de mayo de 2025, pocos días antes del cambio de gestión, pese a que existían informes técnicos que advertían que el servicio no había sido cumplido.
Otro punto crítico es la compra de bienes sin los procedimientos correspondientes. Según Mansilla, se adquirieron tres vehículos sin licitación, en violación de la normativa vigente. Además, tanto esos rodados como equipamiento informático quedaron registrados a nombre de la fundación, aunque eran utilizados por la universidad.
“Si ocurría un accidente, la responsabilidad era de la universidad, pero los vehículos estaban a nombre de la fundación”, explicó Mariscal. Una situación similar se detectó con equipos informáticos usados por estudiantes.
A esto se suma un parque solar de 60 kilowatts que no pudo ser incorporado al sistema energético de la UNSa, lo que impide su aprovechamiento. Además, la obra presenta una diferencia cercana al 50% respecto del presupuesto original.
Tras estas observaciones, el Consejo Superior autorizó el traspaso de los bienes a la universidad.
El informe también advierte que varios gastos no se corresponden con el objetivo de Fundaltes, que es promover la investigación, la extensión y las actividades académicas. “Muchos no guardan relación con su finalidad”, indicó Mariscal.
Desde la Secretaría de Asuntos Jurídicos señalaron que los hechos podrían encuadrarse en delitos como incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de fondos.
Auditoría interna y posibles denuncias
A partir del informe externo, la UNSa inició una auditoría interna para determinar responsabilidades y confirmar si existió un desvío de fondos. El proceso estará a cargo de la Unidad de Auditoría Interna y podría arrojar resultados en un plazo de entre 30 y 45 días.
En paralelo, el área jurídica evalúa avanzar con acciones judiciales. “Tenemos indicios suficientes como para no quedarnos callados”, afirmó Mansilla, quien anticipó que aguarda instrucciones del rector Miguel Nina para presentar una denuncia ante la Justicia Federal.
Las responsabilidades podrían alcanzar a exautoridades, entre ellas el ex rector Daniel Hoyos, el ex vice Nicolás Innamorato y otros funcionarios de la gestión anterior.
Además de la vía penal, la universidad analiza iniciar sumarios administrativos y juicios académicos contra quienes aún mantienen vínculo como docentes.
Más allá de las posibles sanciones, el caso ya tiene consecuencias concretas. “Imaginen lo que se podría hacer con ese dinero en la situación actual”, planteó Mariscal, quien fue categórico: “La universidad está en una situación financiera muy delicada”.
En el fondo, persiste una pregunta central: ¿por qué esos fondos fueron a la fundación y no a la universidad? Por ahora, la respuesta dependerá de las auditorías en curso y de una eventual intervención judicial.
