Este miércoles se inició la audiencia pública para debatir la modificación de la Ley de Glaciares, en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos políticos, reclamos de organizaciones ambientalistas y presentaciones judiciales contra el proceso.
La convocatoria, impulsada por la Cámara de Diputados, forma parte del tratamiento legislativo del proyecto que busca modificar la normativa vigente desde 2010, que protege los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
Polémica por el formato y la participación
Uno de los principales focos de conflicto gira en torno al formato de la audiencia. Más de 65.000 personas se inscribieron para participar, pero el esquema oficial limitó las exposiciones a unos 200 participantes, mientras que el resto debe presentar sus aportes de manera virtual mediante videos.
Esta decisión generó críticas de distintos sectores, que denunciaron restricciones a la participación ciudadana e incluso impulsaron impugnaciones judiciales para frenar o modificar el proceso.
El eje del debate: cambios en la protección ambiental
El proyecto en discusión propone redefinir las áreas protegidas, particularmente el concepto de ambiente periglacial, lo que podría habilitar actividades productivas —como la minería— en zonas que actualmente están restringidas.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca dar mayor claridad normativa y promover inversiones, mientras que especialistas y organizaciones ambientales advierten que podría significar un retroceso en la protección de recursos hídricos clave.
Advertencias y tensiones políticas
Sectores de la oposición y referentes ambientales anticiparon que la iniciativa podría ser judicializada si avanza en el Congreso, al considerar que vulnera principios de protección ambiental.
La audiencia continuará durante este jueves en modalidad virtual, en medio de un clima de alta tensión política y social, que anticipa un debate profundo sobre el equilibrio entre desarrollo económico y preservación del ambiente en Argentina.
