La Cámara de Apelaciones de Nueva York le dio un respiro al Gobierno argentino al suspender dos procesos clave en el juicio por la expropiación de YPF. Por un lado, frenó el avance del discovery de activos, que buscaba habilitar embargos para cobrar la sentencia. Por otro, dejó en pausa el trámite por desacato, con el que los demandantes pretendían que la Justicia estadounidense sancione al país por incumplimientos.
A pesar de este alivio, el proceso está lejos de terminar. La Argentina aún debe atravesar varias instancias decisivas en su intento por revertir el fallo de la jueza Loretta Preska, que en septiembre de 2023 condenó al país a pagar más de 16.000 millones de dólares.
Actualmente, el caso acumula varias apelaciones ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York. Algunas de ellas fueron afectadas por la reciente suspensión, pero otras siguen en curso y deberán resolverse en las próximas semanas. Entre los puntos pendientes se encuentran la apelación contra la orden de entregar acciones de YPF como forma de pago, el reclamo de la petrolera para poder representarse a sí misma en el juicio, y la presentación de una ONG que pidió anular la sentencia.
Sobre estas cuestiones consideradas secundarias, el tribunal ya fijó una audiencia de argumentos orales para el 16 de abril, donde las partes expondrán sus posiciones ante los jueces.
Sin embargo, la atención está puesta en la apelación de fondo: la que definirá si la Argentina debe efectivamente pagar la millonaria condena. Esa instancia ya tuvo su audiencia en octubre de 2025 y desde entonces el tribunal revisa el caso desde cero.
La estrategia del país apunta a lograr la anulación del fallo o, al menos, una reducción significativa del monto. Según analistas, la decisión no será simple ni binaria, sino un fallo extenso que podría incluir distintos escenarios: confirmar la condena, rechazar la apelación, anular la sentencia o devolver el caso a la jueza de primera instancia para que emita un nuevo fallo con instrucciones específicas.
Por ahora, no hay plazos definidos para esa resolución, pero será el punto clave que determinará el futuro del litigio y el impacto económico para la Argentina.
