El encargado de revisar el planteo es el exviceministro de Justicia Sebastián Amerio, que fue oficializado este viernes como nuevo titular de la Procuración General del Tesoro en reemplazo de Santiago Castro Videla.
El Gobierno prepara la defensa ante la judicialización de la reforma laboral que impulsa la Confederación General del Trabajo (CGT) y anticipa que uno de los ejes de su defensa será cuestionar la legitimación de la central obrera para impulsar el reclamo judicial. “Estamos analizando el escrito. Vamos a responder cuando sea necesario”, agregan.
En el Ejecutivo aseguran que esperan más presentaciones en contra de la ley sancionada a fines de febrero y dan por hecho que terminará en la Corte Suprema en el mediano plazo. La central obrera presentó este viernes un amparo que cuestiona el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
El escrito advierte que el cambio podría generar un colapso judicial y afectar miles de causas en trámite. Se opone también a la definición de la competencia del fuero contencioso administrativo federal para determinados litigios. La presentación quedó radicada en el juzgado federal en lo contencioso administrativo que encabeza Enrique Lavié Pico.
El encargado de revisar el planteo judicial es el exviceministro de Justicia Sebastián Amerio, que fue oficializado este viernes como nuevo titular de la Procuración General del Tesoro en reemplazo de Santiago Castro Videla. Este último seguirá dentro del organismo bajo una subprocuración, que será constituida en los próximos días.
La central obrera impulsó este lunes una movilización hacia el Palacio de Tribunales en contra de los cambios al régimen del trabajo y recién formalizó hoy la presentación judicial, luego de que el oficialismo publicara la promulgación de la reforma en el boletín oficial. El expediente se tramita bajo el procedimiento previsto por el artículo 43 de la Constitución Nacional y la ley 16.986 de acción de amparo.
En el Gobierno considera que el planteo presentado por la CGT constituye apenas el primer paso de una estrategia judicial más amplia contra la reforma laboral. Creen además que van a aparecer nuevas acciones en tribunales laborales y presentaciones individuales impulsadas por gremios o trabajadores. “Va a ser un proceso largo”, agregan.
La reforma laboral aprobada por el Congreso introdujo cambios en distintos aspectos del régimen laboral, como el sistema de indemnizaciones, las modalidades de contratación y la organización de los convenios colectivos. Sin embargo, el primer amparo sindical se concentra exclusivamente en el esquema institucional vinculado al funcionamiento del fuero laboral.
La Casa Rosada buscará sostener que la CGT no tiene legitimación activa para cuestionar aspectos institucionales de la ley, como el rediseño del sistema judicial laboral. En Balcarce 50 mantienen la postura de que apelarán en “todas las instancias posibles” —como ante la Cámara Nacional de Apelaciones— y remarcan que el proceso puede extenderse durante meses.
