El Estado ratificó su rechazo a los pedidos de información de Burford Capital y confirmó que el 19 de febrero presentará su descargo frente a la acusación de desacato
En una audiencia de seguimiento celebrada este jueves ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la República Argentina y los demandantes liderados por Burford Capital volvieron a confrontarse en el marco del juicio que se tramita por la expropiación de YPF. La reunión, presidida por la jueza Loretta Preska, se realizó luego de que los beneficiarios del fallo por USD 16.000 millones reclamaran sanciones y la declaración de desacato contra el Estado argentino, y tras la presentación formal de Argentina para suspender el proceso de “discovery” ordenado por el tribunal.
La Procuración del Tesoro de la Nación explicó que la audiencia estaba prevista con anterioridad tanto al pedido de sanciones formulado por los demandantes como al pedido de suspensión total del proceso elevado por la defensa argentina. Se trató, detallaron, de un encuentro para monitorear el avance del discovery, etapa del proceso en la que las partes intercambian documentación o información relevante para el caso.
El alcance del discovery y los reclamos de Burford
Durante el encuentro, la defensa argentina volvió a rechazar determinadas solicitudes de información que consideró improcedentes, especialmente las relacionadas con activos soberanos que, a su entender, están amparados por inmunidades tanto del derecho interno como del derecho internacional. En ese marco, fuentes oficiales señalaron que “resulta improcedente insistir en requerimientos de información sobre activos que, conforme al derecho interno y al derecho internacional, se encuentran amparados por inmunidades soberanas”.
Y sumaron: “En particular, pretender que se requiera información al Banco Central sobre la locación de sus activos equivaldría a exigir que la Federal Reserve revele al Tesoro estadounidense la composición y localización de sus tenencias, algo claramente inadmisible en cualquier jurisdicción”.
Un punto central en la discusión fue un pedido formulado por Burford Capital para obtener detalles sobre la localización y uso de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En semanas recientes, Argentina había rechazado esa solicitud ante el tribunal, argumentando que las reservas de oro son propiedad de una entidad autónoma e independiente y que el Tesoro Nacional no tiene acceso directo a esa información.
“El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información”, consignaron fuentes vinculadas a la defensa, que indicaron además que el Ejecutivo decidió enviar un pedido de información directamente al Banco Central.
Según la posición oficial, la negativa a suministrar ese tipo de datos se inscribe en la defensa de la soberanía estatal y en la protección de activos que no pueden ser alcanzados por medidas de ejecución. En el comunicado difundido tras la audiencia, fuentes del equipo legal del Estado afirmaron que “Argentina continúa demostrando responsabilidad y buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones procesales, incluso en paralelo al pedido de suspensión del proceso. Frente a este nivel de presión, el Estado mantiene una postura firme en la defensa de sus derechos y en la utilización de todas las herramientas legales disponibles”.
El pedido de suspensión y la acusación de desacato
Las tensiones entre las partes también se reflejan en la estrategia desplegada por Argentina para frenar ciertas fases del proceso. El país presentó un pedido formal ante la jueza Preska para suspender el discovery y la moción de desacato impulsada por Burford Capital, argumentando que se trata de medidas que exceden el marco razonable del litigio.
“El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, sostuvieron fuentes oficiales al fundamentar el planteo.
La disputa judicial internacional tiene su origen en una sentencia de primera instancia que condenó a Argentina al pago de una suma equivalente a USD 16.000 millones, más intereses, por la expropiación de la petrolera YPF, medida adoptada por el Estado en 2012. Esa condena fue obtenida por antiguos accionistas de la compañía y los derechos del litigio fueron posteriormente adquiridos por Burford Capital, que busca ejecutar la sentencia en tribunales estadounidenses.
A lo largo de los últimos meses, Argentina presentó distintos recursos ante la justicia de Estados Unidos para frenar la ejecución de las órdenes judiciales. Entre ellos, solicitó que se suspenda la obligación de entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del cumplimiento de la sentencia, al considerar que esa medida vulnera principios de soberanía y disposiciones del ordenamiento jurídico interno.
Documentación entregada y próximos pasos
La defensa argentina también remarcó que el proceso de discovery ya implicó la entrega de una cantidad significativa de información. De acuerdo con datos oficiales, el país puso a disposición del tribunal más de 115.000 páginas de documentos considerados razonablemente relevantes para la causa. Sin embargo, los demandantes sostienen que aún resta información por entregar, en particular comunicaciones privadas de funcionarios.
La audiencia de seguimiento no resolvió de fondo la controversia sobre el discovery ni la solicitud de desacato, pero permitió que las partes expusieran nuevamente sus posiciones antes de los próximos pasos procesales. Según el comunicado oficial, la Argentina presentará sus argumentos en rechazo al pedido de sanciones y desacato el próximo 19 de febrero.
En paralelo, el tribunal otorgó un plazo hasta el viernes 6 de febrero para que los demandantes respondan el pedido de suspensión del proceso formulado por la defensa argentina. Posteriormente, el país presentará su réplica el martes 10 de febrero, tras lo cual la cuestión quedará en condiciones de ser resuelta por la jueza Preska.
Desde la representación argentina destacaron que la audiencia también sirvió para reiterar la posición del país respecto de la improcedencia de ciertos requerimientos planteados en el discovery y para reafirmar la decisión del Gobierno de actuar con apego a la ley y dentro de los canales institucionales.
La causa por la expropiación de YPF continúa siendo uno de los litigios internacionales más relevantes que enfrenta la Argentina. El desarrollo de las próximas instancias procesales y las definiciones del tribunal estadounidense serán determinantes para el futuro del expediente en los próximos meses.
