Nuevamente hay tensiones por los pedidos judiciales del tribunal que lleva el caso y que van en contra de la legislación argentina
Argentina rechazó ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el pedido de los beneficiarios del fallo de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012, que reclamaban información sobre la ubicación y el uso de las reservas de oro del Banco Central.
“El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información. De todos modos, enviará un pedido al BCRA. El Gobierno también rechazó el pedido de los beneficiarios para que el ministro Luis Caputo se presente a declarar sobre dicha información”, informó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.
Cabe recordar que en enero de 2025, Preska había ordenado al país entregar toda la información requerida por los beneficiarios del fallo, donde el monto a pagar ya asciende a USD 18.000 millones al contabilizar intereses. Entre los datos solicitados se encontraba información detallada sobre la ubicación del oro argentino y otros activos.
Fuentes oficiales de la Procuración del Tesoro, la cual comanda la defensa del Estado, explicaron: “Nosotros cumplimos con un proceso de discovery que fue exhaustivo y agotador. El nivel de cooperación y la actuación de buena fe por parte de la República Argentina a lo largo de este proceso han sido realmente significativos”.
Además, precisaron que la legislación argentina establece que el Banco Central es un ente autárquico. En ese marco, la Procuración no tiene la potestad ni la competencia para informar nada relacionado a la autoridad monetaria, cuyas reservas, además, tienen inmunidad y no son embargables.
“Ya se está alcanzando un límite extremo, es acoso procesal”, aseguran en relación a los constantes pedidos judiciales.
En diciembre, Burford Capital, principal beneficiario del fallo, solicitó oficialmente a Preska que declare al país en desacato y le imponga sanciones por supuestamente incumplir órdenes en el proceso judicial, luego de que Argentina entregara más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios.
“Los acreedores de la sentencia de YPF notificaron a la jueza Loretta Preska el miércoles su intención de solicitar sanciones y un fallo de desacato contra la república, alegando la supuesta omisión de Argentina de presentar ciertas comunicaciones off-channel que, según el Gobierno, escapan a su control. Los acreedores solicitaron autorización para un cronograma de presentaciones informativas del 15 de enero al 5 de marzo de 2026”, había señalado un paper de Latam Advisors.
Burford busca medidas como sanciones civiles, multas diarias de un millón de dólares y que se declare al Estado como alter ego de entes estatales (BCRA, BNA, YPF y Aerolíneas), para facilitar embargos sobre sus activos.
Este jueves habrá una audiencia, pactada previamente al pedido de sanciones, y desde la Procuración afirman que la postura de Argentina será más firme e intransigente que nunca. Tratarán de apelar a la razonabilidad de Preska, que es la que ha dado marco a Burford para que avance de esta manera.
Posteriormente, frente al descargo presentado hoy en rechazo a la entrega de información sobre el oro, el 19 de febrero Burford tendrá la posibilidad de efectuar un nuevo descargo en respuesta. “De este modo, continúan abriéndose aristas puntuales dentro del pedido de sanciones presentado, que recién será tratado, según entendemos, hacia fines de marzo”, dijeron las fuentes oficiales.
Creen que los beneficiarios del fallo están buscando ejecutar la sentencia lo antes posible y a como dé lugar, ya que en cualquier momento la Corte de Apelaciones puede revertirla completamente. Al respecto, ya interpusieron varias acciones en el tribunal de Preska, como intentar quedarse con las acciones que el Estado tiene en la petrolera (51%).
Asimismo, en la Procuración remarcaron que el negocio para Burford y sus accionistas resulta excepcional: adquirieron los derechos de litigio por USD 16 millones y aspiran a cobrar 16.000 millones, lo que implica una rentabilidad cercana al 100.000%. “Este dato es relevante porque esa diferencia sale del bolsillo de los argentinos”, destacan.
