El Gobierno de Guatemala anunció la vigencia de un estado de sitio por 30 días ante una escalada de violencia atribuida a pandillas y organizaciones criminales; la medida, dispuesta por el Ejecutivo, otorga facultades extraordinarias a las fuerzas armadas y mantiene la funcionalidad de los servicios públicos y la administración estatal.
La resolución, según la administración, busca restablecer la seguridad en las zonas afectadas tras motines en centros penitenciarios y ataques contra agentes policiales; el Ejecutivo afirmó que durante los operativos se liberaron rehenes sin víctimas fatales y subrayó que no negociará con criminales.
El decreto habilita la intervención militar con facultades para detener sospechosos sin orden judicial previa, desarticular organizaciones sin personería jurídica y emplear medios preventivos, defensivos u ofensivos cuando existan amenazas al orden legal. La normativa establece además que el presidente asume la conducción nacional como Comandante General del Ejército, delegando la ejecución en el ministro de Defensa.
Como medida de duelo por los agentes fallecidos, el Gobierno declaró tres días de luto nacional y aseguró que la vida institucional y los servicios públicos continuarán en funcionamiento. En paralelo, se indicó que todas las entidades estatales deberán colaborar con la autoridad militar durante la vigencia del régimen excepcional.
La decisión responde, según el Ejecutivo, a una serie de hechos ocurridos el fin de semana: motines y disturbios en cárceles, ataques organizados en las calles y la muerte de varios agentes de la Policía Nacional Civil en enfrentamientos; las intervenciones en recintos penitenciarios permitieron rescatar más de 40 rehenes, asegurar armas e iniciar traslados médicos.
La crisis generó medidas inmediatas: suspensión de clases a nivel nacional, reducción del transporte, cancelación de actividades recreativas y suspensión de misas en algunas jurisdicciones; la embajada de Estados Unidos emitió una alerta de emergencia para sus ciudadanos en Guatemala.
El presidente del Congreso, Luis Alberto Contreras Colíndres, manifestó su respaldo a las fuerzas de seguridad, transmitió condolencias a las familias de los policías fallecidos y aseguró que el Congreso acompañará a los deudos y reconocerá el sacrificio de los agentes.
Fuentes oficiales precisaron que, al cierre de la jornada, se registraban ocho agentes muertos y más de diez heridos, cifras que forman parte del balance provisório mientras continúan las tareas de control en los centros penitenciarios y las investigaciones sobre los atentados.
El Ejecutivo afirma que la estrategia busca recuperar el control de instituciones capturadas y desarticular estructuras criminales enquistadas; la medida deberá aplicarse en el marco de la ley y la supervisión de las autoridades competentes durante los 30 días de vigencia.
