Una nueva denuncia penal sacude a la cúpula del Senado de Mendoza. Los denunciantes Javier Fernández y Marcos Neirotti apuntan contra Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia, y otras autoridades, por una supuesta gestión financiera plagada de discrecionalidad y corrupción. La acción legal se centra en el manejo irregular de recursos públicos, incumplimientos de la ley 9070 de Acceso a la Información Pública, y prácticas que, según ellos, atentan contra la confianza ciudadana.
La polémica surgió en agosto, cuandose reveló que Pablo Priore, Secretario Administrativo del Senado, había ordenado una investigación interna para identificar a quienes filtraron datos sobre millonarios contratos de locación. Según Fernández y Neirotti, esta maniobra no fue más que una “cacería de brujas” para ocultar información sensible que, por ley, debería ser de acceso público.
Los denunciantes intimaron a Priore a cumplir con la transparencia activa, pero las autoridades del Senado se resistieron. En un intercambio de comunicaciones, Priore alegó que algunos datos eran sensibles y acusó a la oposición de estar detrás de las filtraciones. Fernández le respondió que cumplir con la ley era responsabilidad directa de la Cámara y que, de existir datos sensibles, estos debían tacharse y publicar el resto de la información
Tras cuatro meses de investigación, Fernández y Neirotti recolectaron pruebas de contratos millonarios otorgados a aliados políticos, asignaciones desproporcionadas en comparación con la oposición y personal contratado que no cumpliría funciones justificadas. Además, señalan que el Senado incumplió reiteradamente su obligación de transparentar el gasto público, violando derechos fundamentales.
La denuncia, patrocinada por el abogado Gabriel Sottile, incluye cargos por fraude, peculado y abuso de autoridad. Fernández subrayó:
“Nuestra investigación demuestra que el Senado no solo administra mal los recursos, sino que también tiene una estructura para impedir que los ciudadanos accedan a esta información. Esto es una violación activa de derechos humanos”.
Los denunciantes destacaron la dimensión social de este caso: cada peso mal administrado es un recurso perdido para áreas prioritarias como educación, salud e infraestructura. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para involucrarse en la lucha contra la corrupción:
“Sin participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas son conceptos vacíos”.
