El Poder Ejecutivo nacional remitió al Senado —luego de la firma presidencial— el proyecto de reforma laboral que incorpora el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para cubrir indemnizaciones por despido y introduce cambios en contratos, convenios, justicia laboral y mecanismos de recaudación sindical.
El texto, impulsado por el Gobierno como respuesta a la “necesidad de incentivar la contratación”, plantea cuatro objetivos centrales: crear empleo, aumentar salarios, reducir litigios laborales y bajar cargas impositivas para elevar la productividad. Para ello propone, entre otras medidas, la creación de un pozo financiero constituido por una contribución obligatoria del 3% sobre las remuneraciones que se destinan actualmente al cálculo de aportes patronales al SIPA.
El FAL será recaudado por las empresas y administrado por “entidades habilitadas” con autorización de la Comisión Nacional de Valores; la idea oficial es que el fondo genere rendimientos para preservar su valor, aunque la reglamentación deberá precisar criterios de inversión y limitaciones. El Gobierno sostiene que la herramienta beneficiará especialmente a las PyMEs, que ante la obligación de afrontar una indemnización pueden entrar en dificultades financieras.
En materia sindical, el proyecto incorpora mayor transparencia: obliga a detallar en los recibos de sueldo cuánto se destina al financiamiento gremial y cuánto aporta la empresa. Además, elimina la obligatoriedad de que las empresas actúen como agentes de retención de las cuotas sindicales, dejando esa posibilidad a la conformidad expresa del trabajador y al acuerdo entre las partes; esa reforma modifica una fuente central de financiamiento actual de los gremios y obliga a estos a implementar nuevos mecanismos de recaudación.
El texto introduce también precisiones judiciales: busca reducir la “industria del juicio” laboral y aclara aspectos que suelen generar controversias, como la exclusión del aguinaldo del cálculo indemnizatorio, una determinación con la que sus redactores buscan homogeneizar interpretaciones que hasta ahora resultaban dispares entre jurisdicciones.
Durante la elaboración de la iniciativa, funcionarios del Ejecutivo mantuvieron encuentros semanales con referentes de la CGT y otros actores, con acuerdos parciales pero sin consenso total en varios puntos. El proyecto prevé, además, un traspaso de competencias de fueros laborales hacia la ciudad de Buenos Aires en determinados aspectos, medida que forma parte del paquete para reorganizar la estructura del fuero laboral.
Desde el Gobierno admiten que las estimaciones sobre el impacto final en empleo y formalización serán objeto de cautela: no difunden cifras concretas sobre cuántos puestos se formalizarán, pero sostienen que la reforma incentivará a empresas a registrar personal. En la oposición y entre sindicatos ya se anticipan resistencias sobre la pérdida de facultades y fuentes de financiamiento gremial; el debate legislativo se desarrollará en sesiones extraordinarias.
El proyecto ya está en el Senado y comenzará su tratamiento parlamentario, donde se definirá su alcance final y las modificaciones que puedan incorporarse durante el debate.
