Por ahora no habrá una presentación ante la Corte para que el Ministerio de Economía habilite la medida aprobada en la Legislatura. En La Plata esperan “agotar todas las instancias de diálogo” y deslizan que la cartera de Caputo “sabe que somos de las provincias más austeras”
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aguarda que la Nación le habilite la colocación de deuda recientemente autorizada por la Legislatura bonaerense por hasta USD 3.685 millones, pese a las posiciones públicas que ya deslizaron algunos funcionarios de la administración libertaria. Es un proceso que llevará tiempo. Recién el jueves por la madrugada y tras varias negociaciones cruzadas, el Poder Ejecutivo consiguió la aprobación de la ley de financiamiento que contempla fundamentalmente distintas autorizaciones de deudas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que en el caso de Buenos Aires “lo que es deuda nueva no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal”, y que hoy la gestión de Kicillof “está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación”. En tanto que presidente de La Libertad Avanza y diputado nacional, Sebastián Pareja, fue más enfático y dijo que “de ninguna manera” se iba a dar el aval para que Buenos Aires salga el mercado a buscar financiamiento.
Sin embargo, cerca de Kicillof, confiaron en que “no debiera haber inconvenientes”, para tener la firma de Economía y del ministerio de Interior, a cargo de Diego Santilli, y conseguir dicha autorización. En La Plata esperarán agotar la instancia de diálogo con el área de Santilli. Por el momento, no judicializarán la instancia, como lo hicieron con algunos programas que implicaban transferencia de recursos que la gestión de Javier Milei recortó. Kicillof plantea, en cada oportunidad que tiene, que —en este punto— la Nación le adeuda a Buenos Aires, 12 billones de pesos en conceptos de fondos y obra pública. A junio de este año, la deuda se componía de $ 3,04 billones, en deuda directa; $6,91 billones de saldos en obra pública comprometida y $2,7 billones de la discontinuidad o retrasos de programas nacionales.
Ante este escenario, la Provincia fue haciendo distintas presentaciones -sin éxito alguno hasta el momento- a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ahora, el máximo tribunal, no se expidió en ningún reclamo hecho por Buenos Aires. Entre las demandas están la supresión del Fondo Compensador del Transporte Público; la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal y la falta de financiamiento del Sistema de Boleto Integrado. También la falta de transferencia de fondos del Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico (FONID) y la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques. Buenos Aires también reclama por el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano y el financiamiento para cubrir el déficit de las cajas previsionales.
El escenario para la habilitación de la colocación de deuda es complejo y de no habilitarse empieza a primar la posibilidad de que la Provincia entre en cesación de pago; aunque en La Plata mantienen cautela y confían en el que tema se va a destrabar. Según planteó el Ejecutivo bonaerense en su proyecto de financiamiento, Buenos Aires debe rollovear compromisos de deuda para 2026 por USD 2.545 millones.
El viernes pasado, Kicillof fue consultado ante la posibilidad de que la Nación no habilite la colocación de deuda de Buenos Aires. “La ley se llama de financiamiento y simplemente cubre los vencimientos que tiene la Provincia que vienen de la época de Vidal. Es eso, no tengo ningún problema; pero que lo aprueben ni bien lo mande. Rapidito Toto —por el ministro Luis Caputo— y que apruebe todo lo que tiene que aprobar porque ya más lío no pueden armarnos”, contestó el mandatario provincial.
El tema se encuadra en el artículo 25 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. El mismo establece que el Ministerio del Interior, junto con el Ministerio de Economía, debe analizar y autorizar las operaciones de endeudamiento que pretendan realizar los gobiernos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, asegurando que se ajusten a los principios de dicha normativa. Para ello, las jurisdicciones interesadas deben presentar toda la documentación requerida ante la cartera que actualmente comanda Santilli, como paso previo a la obtención de avales, garantías y autorizaciones para acceder a deuda. La ley de Responsabilidad Fiscal exige, además, que la Nación otorgue su aval previo para cualquier emisión de deuda emprendida por provincias y municipios.
En las últimas semanas, en el marco también de una negociación política encabezada por Santilli; la Nación le dio el visto bueno a Santa Fe y a la Ciudad de Buenos Aires para que salgan al mercado internacional a colocar deuda. El gobierno de Maxilimano Pullaro (Santa Fe) consiguió emitir un bono por USD 800 millones; mientras que Ciudad colocó un bono por USD 600 millones.
