El presidente de la Cámara baja dispuso que legisladores salientes restituyan espacios, mobiliario y equipos asignados antes de finalizar su mandato. Las sanciones económicas y acciones legales en caso de incumplimiento.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dispuso que todos los legisladores del cuerpo que finalicen su mandato o cesen en sus funciones deberán restituir, antes de abandonar sus cargos, la totalidad de los espacios físicos, oficinas, despachos y dependencias, así como el mobiliario y equipamiento electrónico e informático que les haya sido asignado durante su gestión.
Esta decisión busca desactivar la “herencia” y la negociación individual de los despachos que era habitual antes de esta resolución, a la que tuvo acceso Infobae, y que promete generar discusiones en el seno de Diputados.
La medida, formalizada el 14 de noviembre de 2025 en la ciudad de Buenos Aires, responde a la inminente renovación parlamentaria prevista para el 10 de diciembre y a la necesidad de reorganizar la distribución edilicia conforme a la nueva integración del cuerpo legislativo.
El eje de la resolución radica en la obligación de rendir cuentas sobre la administración de los bienes públicos, un principio consagrado en el artículo 1° de la Constitución Nacional y enmarcado en la Ley 24.156 de Administración Financiera y la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Según el texto, la normativa vigente establece que los funcionarios deben garantizar la conservación y devolución de los bienes estatales asignados, independientemente de que hayan delegado su custodia en responsables patrimoniales. De este modo, la responsabilidad última permanece en cabeza de cada diputado nacional.
La resolución recuerda que el Sistema de Registro Patrimonial de Bienes de Uso de la Cámara, aprobado en 2019, ya fijaba que los legisladores son responsables de la custodia y restitución de los bienes recibidos. La falta de devolución, advierte el documento, afecta la correcta administración de los recursos públicos y la transparencia institucional. Por ello, la Presidencia consideró necesario establecer un procedimiento claro y sanciones concretas para garantizar la integridad del patrimonio legislativo.
El procedimiento dispuesto es preciso: quienes culminen su mandato deberán restituir los bienes y espacios asignados hasta el 9 de diciembre del año de finalización de su mandato. En el caso de cese por otros motivos, el plazo será de 48 horas desde la notificación formal de la finalización de funciones. Además, las autoridades de todos los bloques políticos deberán cumplir con la restitución de los espacios y bienes asignados en la misma fecha límite, a fin de permitir la reestructuración edilicia y la reasignación de oficinas conforme a criterios de funcionalidad y eficiencia.
La resolución introduce un mecanismo de sanción económica para quienes incumplan con la obligación de devolución. En esos casos, se procederá al descuento de la última dieta (el salario que percibe el legislador) hasta cubrir el valor total de los bienes no restituidos, según la valuación establecida en el reglamento interno. El texto es explícito: “el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo precedente dará lugar al descuento de la última dieta a percibir al momento del cese del legislador, hasta completar el importe total de los bienes no restituidos”.
En los casos en que el valor de los bienes no devueltos supere el monto de la liquidación final y el legislador no abone la diferencia, la resolución instruye al Servicio Jurídico Permanente de la Cámara a iniciar las acciones judiciales necesarias para recuperar los bienes o su valor equivalente. El documento ordena también a la Dirección General de Recursos Humanos que ejecute las retenciones previstas, en coordinación con el Departamento de Patrimonio.
La decisión se apoya en la premisa de que los espacios físicos y los recursos asignados a los legisladores, bloques y comisiones constituyen un recurso institucional común, cuya distribución debe responder a criterios de racionalidad, equidad y operatividad. En palabras del texto, “la adecuada restitución de los bienes patrimoniales al momento del cese de funciones constituye una obligación esencial derivada de la responsabilidad patrimonial individual de cada funcionario público”.
La resolución deroga toda norma previa que se oponga a estas disposiciones y establece que la última dieta de los legisladores salientes solo se hará efectiva una vez producida la devolución de los bienes y espacios asignados. Con esta medida, la Cámara de Diputados busca fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, en línea con los principios republicanos y la ética en la función pública.
