A través de compulsas “reducidas”, se habría gestado una cartelización de empresas que operaban coordinadamente para quedarse con contratos millonarios. El miércoles indagarán a Diego Spagnuolo, ex director del organismo.
Las maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que describió la semana pasada el fiscal federal Franco Picardi involucran el desvío de al menos $37.000 millones desde el Estado hacia cuatro droguerías. La trama incluye direccionamiento de compras, sobreprecios y posibles coimas por las que 15 empresarios, intermediarios y funcionarios, entre ellos Diego Spagnuolo, serán indagados en los tribunales de Comodoro Py.
Según plasmó la Fiscalía en un dictamen de 276 páginas, al menos desde diciembre de 2023 comenzó a gestarse la manipulación del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS), que debía garantizar la transparencia en las compras del organismo.
A través de este se hicieron compulsas de precios “reducidas” o “acotadas”, que funcionaron en paralelo a las habituales. Mientras que en las licitaciones abiertas el organismo invitaba a competir a unas 15 droguerías, a las primeras solo accedía un grupo de cuatro oferentes que “mantenían vínculos personales, societarios y operativos entre sí y con funcionarios de la ANDIS”.
Esta “fragmentación artificial” de las compras -como lo definió el fiscal Picardi- se aplicó a medicamentos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que son esenciales para tratamientos prolongados o de alta complejidad para la población vulnerable beneficiaria del Programa Incluir Salud.
En las 21 compulsas de medicamentos que se realizaron bajo este esquema restringido, las empresas Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. concentraron el 93,11% de las adjudicaciones, que implicaron un gasto de $30.337.220.919,77.
Otras dos empresas, Droguería New Farma S.A. y Droguería Floresta S.A., también formaron parte de este entramado. La investigación las ubicó en las compulsas reducidas como oferentes “pantalla”, que aplicaban para simular una competencia real en las licitaciones presuntamente direccionadas hacia Profarma y Génesis.
Estas mismas cuatro droguerías intercambiaban los roles en el rubro de insumos auditivos. En 36 licitaciones adjudicadas este año, hasta agosto de 2025, Floresta y New Farma concentraron el 51,67% de los $13.328.004.541,00 que pagó la ANDIS.
En el último trimestre de 2024 estas dos droguerías recibieron el 50,36% del total de las erogaciones, que ascendieron a $5.117.817.946.
“Esta distribución de roles, reiterada a lo largo de distintos procesos, revela la existencia de una estructura concertada entre las mismas droguerías, en la cual unas se presentaban como oferentes ficticias para favorecer a otras, configurando un circuito cerrado de adjudicaciones previamente coordinado”, sostuvo el fiscal en su dictamen.
En ese documento Picardi pidió la detención de Spagnuolo. El juez federal Sebastián Casanello se lo rechazó al entender que el exfuncionario estuvo ajustado a derecho y no intentó entorpecer la investigación en ningún momento. Sin embargo, confirmó su citación a indagatoria, que está programada para el miércoles.
Sobreprecios de hasta 2000%
El medicamento Macitentan, utilizado para la hipertensión pulmonar, fue por mucho el caso donde la sobrefacturación parece más evidente.
En noviembre de 2024, el principio activo se adjudicó a $411.764 en una compulsa general. Apenas tres días después, en una licitación reducida, la droguería New Farma logró vendérselo a ANDIS a un valor de $8.290.000 la unidad.
Posteriormente, el precio de este medicamento continuó abonándose en el rango de los cinco a ocho millones de pesos en las licitaciones restringidas, mientras que en las generales se mantuvo cerca de los $400.000.
Otra situación similar se produjo con el Burosumab. Profarma y Génesis llegaron a facturar este medicamento por hasta $45 millones la unidad, en las compras restringidas. No obstante, cuando el sistema permitía la participación de otros competidores a través de las compulsas regulares, el mismo producto se conseguía alrededor de los $21 millones.
Para el fiscal, nada de esto ocurrió por la inflación ni por matices de calidad en los productos: “El único factor que explica la diferencia es la exclusión deliberada de los oferentes más competitivos de las compulsas reducidas y la compra direccionada a tan solo dos oferentes”.
“El sistema de compulsas reducidas fue deliberadamente utilizado como herramienta de defraudación, transformando un instrumento administrativo de excepción en una vía sistemática para eludir la competencia y generar sobreprecios en favor de un grupo empresario determinado, allegado a los funcionarios públicos quienes recibieron beneficios económicos a cambio”, siguió Picardi.
Y completó: “Más allá de las cifras concretas, lo verdaderamente relevante es el carácter estructural del mecanismo delictivo explicado, que involucró sumas millonarias, ya que en este punto sólo se han volcado algunos ejemplos de los actos desplegados por una organización delictiva que operó desde el seno del Estado Nacional, con múltiples agentes”.
“Somos familia”
La presunta organización criminal que habría existido en la Agencia Nacional de Discapacidad se basó en una compleja red de vínculos personales, societarios y operativos que conectaron a altos funcionarios públicos con empresarios y actores privados del sector de la salud.
En el centro del esquema se encontraban funcionarios de alta jerarquía como Diego Spagnuolo, ex director de ANDIS, y Daniel María Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud, quienes “permitieron, consintieron y supervisaron”, según la Fiscalía, el direccionamiento de las compras y la co-gestión de la Agencia por agentes externos.
La información obtenida del celular que se le secuestró a Garbellini fue determinante para entender los roles dentro de la organización.
Los “jefes para-estatales”, en tanto, eran dos “funcionarios sin cargo” que tenían una fuerte influencia en la ANDIS: Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete.
Atchabahian había sido funcionario en Discapacidad entre 2018 y 2019, y por ese entonces era jefe de Garbellini. El fiscal cree que continuó dándole órdenes directas, como a quién pagar o a quién incorporar al sistema de compras SIIPFIS para que pudiera cotizar y ganar adjudicaciones, solo que ahora lo hacía desde el otro lado del mostrador, aprovechando sus vínculos con droguerías y con el laboratorio Roche S.A.Q.E.I.
De los chats que se encontraron en el teléfono de Garbellini se desprende que entre ellos y otros actores de la trama existe un vínculo de íntima amistad. O como lo resumió Atchabahian en un mensaje de febrero de 2022 que envió a un grupo que compartía con Garbellini: “Somos familia”.
El otro supuesto funcionario sin despacho, Miguel Ángel Calvete, habría operado como un articulador clave, con influencia directa sobre Spagnuolo y Garbellini.
Calvete estaría vinculado a múltiples droguerías y empresas proveedoras de insumos de alto costo, principalmente Profusión S.A., Profarma S.A. e INDECOMM S.R.L. Cuando le allanaron la casa, en su cocina encontraron un papel con un listado de las compañías para las que habría hecho gestiones.
También le incautaron varios cuadernos en los que llevaba anotaciones que dan cuenta de su injerencia en el organismo y el funcionamiento del esquema corrupto, del cual Calvete sería el “principal garante de su despliegue y funcionamiento”.
Para el fiscal Picardi, Calvete también podría haber sido el encargado de gestionar las coimas a los funcionarios de la ANDIS.
Entre las pruebas expuestas en el dictamen hay chats en los que se hace referencia a la entrega de 5 millones de pesos en efectivo de Calvete hacia Spagnuolo. También hay registros de cámaras de seguridad en los que se ve al ex titular del organismo entrando a la casa del empresario con una mochila.
Para asegurar el funcionamiento interno de la trama, la organización contaba con operadores dentro de la ANDIS que respondían a estos actores privados. Luciana Ferrari, por ejemplo, aunque trabajaba en el laboratorio Roche, habría intervenido ilegalmente en la Agencia como operadora externa por pedido de Atchabahian. Ella accedía al sistema SIIPFIS con un usuario provisto por Garbellini para gestionar “tickets” y acceder a información anticipada sobre las compras, a cambio de “ayudas”.
De manera similar, a Lorena Di Giorno, funcionaria del área PACBI, se le adjudicaron vínculos estrechos y societarios con Calvete. Habría cumplido órdenes de él, realizando pagos y movimientos de dinero a empresas vinculadas a droguerías.
Otro funcionario, Eduardo Nelio “Pino” González, que también tenía una relación de larga data con Calvete, habría cumplido un rol de articulador entre el sector público y el privado, y habría cobrado dinero de manera indebida.
En cuanto a los vínculos entre las droguerías, la Fiscalía detectó que los presidentes de New Farma y Floresta, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, son pareja.
Además, Patricio Gustavo Rama, otro de los citados a indagatoria, era director suplente de New Farma y mantenía vínculos personales y comerciales con Calvete y Atchabahian.
