El cuadro provisorio de aspirantes a traslado 2026 revela que 1.208 docentes y personal educativo solicitaron cambio de destino, mientras que un proyecto que proponía prohibir traslados a quienes falten menos de seis años para jubilarse no llegó al recinto el martes en la Legislatura provincial, tras el reclamo de los gremios.
El informe de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina muestra que 334 pedidos fueron rechazados por incumplimientos administrativos o falta de documentación y que 874 casos continúan en evaluación. Del total, alrededor del 60% de los traslados se solicitaron por razones particulares; un 25% por acercamiento al domicilio y un 10% por atención de hijos pequeños, mientras que otros motivos incluyen la atención de familiares enfermos o la integración del núcleo familiar.
La iniciativa que proponía incorporar un artículo al Estatuto del Educador fue impulsada por legisladores del bloque Gustavo Sáenz Conducción y firmada por varios diputados provinciales. Su tratamiento se postergó luego de que los gremios denunciaran falta de consulta: la medida motivó la convocatoria a una reunión con representantes sindicales prevista para el próximo lunes a las 17 en la Legislatura.
Desde la representación gremial, el secretario general de la ADP, Fernando Mazzone, advirtió contra reformas parciales sin diálogo: “No puede hacerse por parches”, dijo, y reclamó una reforma integral del Estatuto del Educador con participación docente. Mazzone admitió la existencia de abusos en el uso de carpetas médicas y cambios de domicilio irregulares, pero insistió en que esas cuestiones deben abordarse en un marco de discusión amplia.
El autor del proyecto, el diputado Gerónimo Arjona, defendió la iniciativa como una respuesta a reclamos del interior provincial y adujo que los traslados masivos afectan la estabilidad pedagógica de las escuelas rurales; señaló además que algunos traslados corresponderían a docentes que buscan jubilarse y luego presentan licencias médicas.
En marzo, la ministra de Educación, Cristina Fiore, reconoció irregularidades en ciertos traslados hacia zonas desfavorables y afirmó la necesidad de mayor control, aunque remarcó que el derecho al traslado está garantizado por la ley 6.830.
